Las huelgas de letrados, funcionarios... y ahora también jueces y fiscales, llevan al límite a los juzgados gaditanos

Tras llegar a un acuerdo y lograr que se reconocieran algunas de sus reivindicaciones, entre otras una subida salarial de hasta 400 euros, ahora son sus compañeros funcionarios los que han iniciado unos paros parciales de tres horas al día - de diez de la mañana a una de la tarde-. De nuevo piden mejoras en sus condiciones laborales y, según los convocantes, el seguimiento desde hace dos semanas está siendo del 80 por ciento. Aunque no se han facilitado por parte de los convocantes datos concretos, los paros ya han afectado a multitud de juicios y trámites.

Tras una segunda reunión fallida este lunes en el Ministerio, los sindicatos convocantes, CSIF, CCOO, STAJ y UGT, ya han anunciado que endurecerán sus protestas y la próxima semana harán una jornada de huelga de 24 horas y una manifestación en Madrid.

Y la situación sigue en otros órganos. Este mismo lunes el Colegio de Abogados de Cádiz anunciaba que este jueves se van a concentrar ante la Delegación de Justicia «ante el deterioro que está sufriendo el sistema judicial del país y en especial la justicia gratuita y el ejercicio de la abogacía». Entre otras cuestiones quieren alcanzar «una remuneración justa y que incluya absolutamente todas y cada una de las actuaciones letradas realizadas por designación de turno de oficio para la defensa de los intereses de los justiciables y que sea equiparable en toda España», aseguran.

Pero además, a todo ello se sumarán también jueces y fiscales. La mayoría de sus asociaciones han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida a partir de este 16 de mayo. Por el momento, suscriben la convocatoria la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en un comunicado conjunto.

La asociaciones más progresistas no se han sumado de momento a la convocatoria a la espera del resultado de la reunión con el Ministerio de Hacienda que está prevista para el 3 de mayo.

Jueces y fiscales aseguran en su comunicado que la dotación económica para la Administración de Justicia es insuficiente y ponen el acento en la carga de trabajo de los tribunales y del ministerio público que afecta incluso a la «salud» de los integrantes de las dos carreras.

Según denuncian, la Justicia es 'la Cenicienta' de la Administración y afirman que funciona «por el esfuerzo y la dedicación de los profesionales, que arrastran una sobrecarga de trabajo crónica».

El comunicado también se refiere a las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia asegurando que han sido «decepcionantes» porque no se alcanzó ningún acuerdo salvo el compromiso de convocar la mesa de retribuciones antes del 10 de mayo. Los convocantes temen que la convocatoria del 3 de mayo sea una maniobra dilatoria y manifiestan su desconfianza en el Gobierno por el «persistente abandono de la Administración de Justicia».

Añaden, que tiene voluntad de alcanzar acuerdos desde la «buena fe», pero advierten que no permitirán «que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones –también retributivas– adecuadas». Según insisten, quieren llegar a un acuerdo que evite el paro pero eso pasaría por aumentar sus salarios ya que se quejan de que sus nóminas se han visto reducidas en los últimos años y no se adecúa a las funciones que realizan.

Y todas estas reclamas y protestas y sobre todo paros en el funcionamiento hace que, como exponen las fuentes consultadas, se «colapse» aún más el funcionamiento normal de los juzgados con cientos de vistas señaladas para este y los próximos años y miles de actuaciones pendientes de ejecutar cada semana.

En Cádiz la situación más crítica se vive en casi todos los juzgados (que además ya sumaron el parón del desalojo de San José), pero con una mayor incidencia o gravedad en lo Mercantil y lo Social donde la sobrecarga hace que se estén dando fecha de juicio para 2024 ó 2025 en algunos casos. Esta demora ha sido denunciada en multitud de ocasiones por profesionales como los graduados sociales que exigen que se ponga ya una solución y tachan el problema de «crítico».

Unos retrasos que al final a quien perjudica es a los usuarios de esa justicia, a los ciudadanos y sus derechos. Por ejemplo lamentan que se han llegado a dar casos de personas a las que se les tenía que reconocer una incapacidad y que cuando ha llegado la fecha de la vista ya esa persona había fallecido. O gente que ha visto suspendidos sus juicios una y otra vez. O desahucios pendientes, o indemnizaciones sin cobrar, etc.

Esta cronificación se repite en la sección mercantil que se ha visto más saturada de procedimientos con los efectos de la pandemia, inflación y sus crisis derivadas que están llevando a la quiebra y a procesos concursales a multitud de empresas.