Justicia | Cádiz
Cientos de juicios suspendidos por las huelgas se señalarán para dentro de dos o tres años mínimo
Operadores jurídicos advierten de una «parálisis inaudita» que sitúa a todos los juzgados de Cádiz en los «peores momentos de su historia»
Se calcula que ya se han pospuesto unos 10.000 señalamientos al haber un seguimiento de un 80 por ciento de los paros
Al final de la cola. Abajo del montón. Y así sumando y sumando. Los procedimientos y los trámites se siguen apelotonando en los juzgados de la provincia. Oficinas que estaban ya de por sí saturadas y atrancadas, como se viene advirtiendo desde hace años, pero que ahora, este 2023, han comenzado todavía más lentas. Los motivos: el cúmulo y atraso que dejó la pandemia, y todavía más, las huelgas de los letrados de la Administración de la Justicia (LAJ)- que duró dos meses- y la que actualmente continúan desarrollando los funcionarios. Según se calcula, estos paros han provocado la suspensión de unos 10.000 juicios en los 122 juzgados que se reparten por la provincia gaditana, además de miles de trámites que son necesarios para que las causas continúan con sus cursos y plazos.
Y todos esos juicios que ahora se están aplazando para otro momento se tendrán que celebrar volviendo a formar nuevos tapones para más adelante. Según fuentes judiciales, a algunas de estas cientos de vistas que han quedado paradas -muchas después de años esperando- se les está dando nueva fecha para 2025, e incluso 2026. Es decir, dentro de dos y tres años más. «Entre una cosa y otra llevamos cinco meses casi parados y ahora viene el verano por lo que este 2023 casi se da por perdido».
Y entre esos asuntos hay de todo. De todas las ramas del Derecho. En cuanto al ordenamiento civil se están viendo afectados por ejemplo trámites tales como ratificaciones de divorcio que están pendientes de firma, o derechos de visitas, consignaciones, fianzas, libramientos por indemnizaciones, costas judiciales... pensiones.
O despidos. En este caso ya se estaba dando la circunstancia que los propios reclamantes una vez que ganaban en los tribunales no podían cobrar porque la empresa ya estaba quebrada o desaparecida. Tenían que acudir al fondo de garantía. Y esperar, claro. Pues esa situación se seguirá repitiendo pero con el añadido de un nuevo retraso. Lo mismo con las solicitudes de incapacidades. Cuando, como también ha llegado a ocurrir, el juicio del afectado o la resolución ha llegado años después cuando esta persona ya había fallecido.
Pero, como advertían este lunes los decanos de los abogados, procuradores y graduados sociales, esta situación no es nueva sino que viene a 'engordar' la que ya existía en un sistema que tachan de «muerto» y «obsoleto». Así lo refleja también la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que hace balance de los diversos aspectos de la judicatura anualmente y que, sobre la pendencia, también advierte.
Retrasos en un 30% de asuntos en 2022
En este sentido, en los juzgados y tribunales gaditanos se señalaron en 2022 un total de 54.471 juicios. De todos ellos se celebraron 37.853 y 16.564 se suspendieron. Es decir, un 30 por ciento. Un nivel que se mantiene con respecto a la media de toda Andalucía, una de las comunidades donde más retrasos hay en España. También, hay que matizar, porque existe una mayor litigiosidad por la densidad de población y gran extensión, con, además, importantes puntos turísticos.
En Cádiz, como ocurre en muchas otras provincias, el porcentaje de suspensiones afecta sobre todo a la jurisdicción Social, donde supera el 50 por ciento. De casi 8.414 señalamientos se celebraron 4.145 y 4.269 se cancelaron. Además también figuran un 30 por ciento de suspensiones en los Juzgados de Familia, los Juzgados de lo Penal y los Contenciosos-Administrativos.
Pero además, se advierte, que estos nuevos retrasos que se están produciendo ahora por las huelgas se unirán al vagón de cola de los recursos. Como los que se presentan ante el TSJA y que volverá a generar otro tapón. El que había y el que ahora se une. Una circunstancia que de nuevo volverá a retardar para procesados y defendidos el poder tener sus resoluciones firmes efectivas o presentar nuevas alegaciones ante instancias más altas. Tanto a nivel de cumplimiento de prisión definitiva como a pagos de responsabilidad civil, en cuanto a procedimientos que así lo estimen.
«La Justicia, en parámetros políticos no es una prioridad», ha llegado a afirmar el presidente del Alto Tribunal Andaluz, Lorenzo del Río, quien también lleva años denunciando públicamente un deficitario funcionamiento del servicio que custodia con la ley a todos los ciudadanos. «Se hace ineludible el viraje prometido hacia una justicia ágil, efectiva y digital. Los proyectos de eficiencia procesal, organizativa y digital, son necesarios e inaplazables, porque surge la necesidad inexorable de interrogarnos sobre si la base sostiene el edificio».
Por ello, tanto él como todos los operados jurídicos involucrados, los garantes de esas normas, piden que haya un gran pacto de Estado para que se pongan en marcha medidas que intentan desenmarañar esta maraña que con cualquier inconveniente o parón se lía mucho más.
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