Una red de multipropiedad en la Costa del Sol estafa a más de 15.000 turistas

Más de 15.000 familias de turistas, la mayoría de origen anglosajón o centroeuropeo, fueron estafadas en los últimos cinco años por la que podría ser la mayor red de fraude de multipropiedad de Europa, según sospecha la Policía. La trama ya ha sido desmantelada y ocho de sus responsables detenidos, entre ellos los dos supuestos cerebros de la misma, el ciudadano sudafricano Willem Marthinus P. y el británico Malcom David K., de 58 y 32 años, respectivamente. Según cálculos provisionales, su beneficio ilícito superaría los 18 millones de euros, la mayor parte de los cuales se desviaron luego al extranjero.

La que se ha denominado ya como operación Trafalgar puede haber acabado con el grupo responsable del 90 por ciento de este tipo de estafas en la reventa de propiedades a tiempo compartido (timecharing) dentro de la costa andaluza. Sus primeros pasos los dieron en Canarias -donde la Policía destapó en 2001 otra trama parecida-, pero pronto se trasladaron a la provincia de Málaga. Las localidades de Mijas, Coín y Fuengirola se convirtieron en el año 2000 en sus centros de operaciones, con una tupida red de sociedades instrumentales -al menos, 300, según los investigadores- que les permitían desarrollar su negocio fraudulento.

Primer contacto

El primer contacto con los posibles clientes -turistas extranjeros- lo realizaban a través de teleoperadoras, para pasar después a la entrevista directa. A tal fin, contaban con más de un millar de personas que servían como ganchos, en principio sin conocer el alcance del engaño en el que participaban. La práctica más habitual del grupo era vender un mismo producto vacacional a diferentes personas pese a no disponer de él. Otras veces lograban un doble beneficio, al revender las semanas compartidas de estancia a más de una familia, de modo que recibían una comisión del comprador y otra del vendedor.

También llegaban a pedir a sus víctimas, la mayoría naturales del Reino Unido y Alemania, una transferencia de dinero para asumir supuestos gastos notariales, de gestión e impuestos. Pero el dinero no se quedaba en España, pues al poco tiempo era reenviado a otros países, algunos de ellos conocidos paraísos fiscales. De hecho, los detenidos -con edades comprendidas entre los 40 y 50 años, y de nacionalidades británica, sudafricana, belga y noruega- vivían de forma en apariencia sencilla, sin ostentaciones y con pocas propiedades.

La 'ley del silencio'

En los años sucesivos, la red creó un organigrama en el que cada vez se utilizaba a más personas interpuestas, pero siempre controladas en la distancia por los cerebros de todo el entramado, que controlaban en última instancia todo el sistema de empresas y cuentas bancarias incluso a través de amenazas y coacciones para que sus colaboradores mantuvieran un silencio absoluto. Willem Marthinus es considerado el máximo responsable de la red, y en su domicilio fueron hallados decenas de listados con miles de posibles víctimas.

En esa clandestinidad crearon multitud de empresas ficticias y reales que, durante unos meses, cometían la estafa con teleoperadoras para después desaparecer del lugar y aparecer en otros locales, repitiendo el mismo esquema de timo una y otra vez. Este sistema hacía casi imposible las investigaciones de la Policía. De hecho, en los últimos años hubo decenas de detenidos, pero todos eran personas interpuestas que jamás hablaban por miedo a las amenazas.

A esto había que sumar que cuando las denuncias llegaban a España venían con meses o incluso años de retraso, y no siempre con la información documental completa. Además, contaban con el inconveniente de no poder contactar directamente con la víctima, así como con los problemas legales generados por el desconocimiento del problema y ser perjudicados extranjeros de un delito transnacional.