El Gobierno matiza la reclamación de «exclusividad» sobre el Guadalquivir

La comptencia exclusiva sobre el Guadalquivir que recoge la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía se perfila como uno de los temas más polémicos que discutirá el Congreso de los Diputados. La propia ministra de Medio Ambiente, la andaluza Cristina Narbona, matizó ayer de forma restrictiva estas aspiraciones andaluzas mientras que el PSOE andaluz vovía a repetir que esta competencia es «irrenunciable» y el consejero Gaspar Zarrías decía que «será traspasado sin que le quepa a nadie la menor duda». Narbona, admitió la posibilidad de que la Junta asuma «determinadas funciones» sobre la Cuenca , «pero dentro de un contexto más amplio de reforma de las confederaciones» y remitió al debate en el Congreso las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre las exigencias de la Junta. La ministra recordó que la Cuenca del Guadalquivir incide también en Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Narbona recalcó que la propuesta de Estatuto «no dice que la Junta tendrá la competencia exclusiva sobre la cuenca del Guadalquivir». El proyecto de reforma, matizó, señala que la Junta «tendrá competencias exclusivas, sin prejuicio de la planificación hidrológica y de las normas ambientales».

Esto significa, que el Estatuto «sitúa esas competencias exclusivas en un contexto», dijo la ministra, quien manifestó su seguridad en que «podremos llegar a una definición de cuál será el ámbito de las competencias dentro de la cuenca».

En este sentido, explicó que el Ministerio está trabajando en una reforma de todas las confederaciones hidrográficas en la que se contemplará que una parte de competencias en materia de gestión podrá ser asumida por las comunidades autónomas.

Por el contrario, la dirección del PSOE andaluz garantizó ayer que no renunciará a asumir la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como competencia exclusiva de la comunidad en el próximo Estatuto de Autonomía, aunque se mostró «abierto a discutir y negociar» durante el trámite de la proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para articular fórmulas que permitan «respetar las posiciones de otras comunidades autónomas» por las que discurre dicha cuenca.

El secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, aseguró que la dirección federal socialista ya conoce la voluntad del PSOE-A de «defender» la gestión de la CHG como competencia exclusiva de la comunidad autónoma, «algo a lo que nunca hemos renunciado ni vamos a renunciar», por considerar que, además de ser una «cuestión sentimental, cultural y simbólica para Andalucía, es también un instrumento fundamental para nuestro desarrollo económico».

Limpio como una patena

Pizarro, aunque admitió que la proposición de Ley de reforma del Estatuto andaluz deberá someterse a un «proceso de diálogo y negociación» con los grupos parlamentarios durante su tramitación en las Cortes Generales, el dirigente socialista defendió que el texto aprobado por el Parlamento andaluz «va muy, muy ajustado, hecho, consensuado y discutido», al punto que considera que llega al Congreso «limpio como una patena, y sólo se lo podrá sacar algún brillo».

En su opinión, «no existen problemas de fondo» con la dirección federal del PSOE por el contenido de la proposición de Ley. También recordó que una delegación del PSOE-A, integrada por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Manuel Gracia, y el propio Pizarro ya mantuvo un primer contacto el pasado 26 de abril con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, el portavoz del grupo socialista en el Congreso, Diego López Garrido, y el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE federal, Alfonso Perales, en el que analizaron los posibles cambios que podrían introducirse en la proposición de Ley de reforma aprobada por el Parlamento andaluz y en la que el PSOE-A defendió la «singularidad» de la cuenca del Guadalquivir pese a que un pequeño porcentaje de la cuenca discurra por otras comunidades autónomas.

El propio Alfonso Perales manifestó el pasado sábado la «predisposición favorable» del grupo socialista en el Congreso a «atender las demandas de competencias, si bien puso de manifiesto que, en el caso de la CHG, «habrá que estudiar la fórmula más adecuada para garantizar el carácter exclusivo de la competencia».

De hecho, el PSOE andaluz baraja la posibilidad de que a diferencia del resto de las competencias, la del Guadalquivir no sea asumida por la vía del artículo 150.2 de la Constitución sino a través del 148, que permitiría su gestión por la comunidad y que el Estado mantenga lo relativo a obras hidráulicas.