Condiciones nacionalistas

El encuentro que mantuvieron ayer el presidente Zapatero y el líder jeltzale Josu Jon Imaz reflejó la relevancia que el primero da al papel del PNV en el proceso abierto con el alto el fuego de ETA. Las declaraciones que Imaz ofreció al término de la reunión sitúan al partido más importante del nacionalismo vasco en una posición centrada y propicia al entendimiento con las formaciones no nacionalistas. Tras advertir de que «los acuerdos políticos no son consecuencia ni están vinculados a un proceso de paz», el presidente del EBB avanzó las que para su partido son las dos claves de salida de la situación actual: no imponer soluciones que susciten una adhesión menor que la que obtuvo el Estatuto de Gernika y no impedir que los eventuales acuerdos puedan trasladarse al marco jurídico-político. La primera condición representa una exigencia democrática de tal magnitud que sólo su cumplimiento supondría un auténtico vuelco respecto al largo periodo de desencuentro y confrontación extrema en que está empantanada la política vasca. Baste recordar que 47 de los 60 parlamentarios elegidos en las autonómicas de 1980 representaban a formaciones que habían mostrado su inequívoca adhesión al Estatuto vigente. La segunda condición resulta incontestable, en tanto que todo acuerdo de naturaleza política adquiere valor positivo siempre que se plasme institucionalmente y, en su caso, acabe formando parte del corpus legal. A este respecto, fue la apostilla que ayer quiso introducir Ibarretxe la que oscureció el esperanzador propósito expuesto por Imaz al referirse a que no propondrá para su refrendo en Euskadi un acuerdo político «recortado» previamente en Madrid, cuando toda modificación estatutaria que se apruebe en el Parlamento vasco deberá tramitarse en las Cortes, nunca como mecanismo de recorte, sino de ineludible engarce entre la voluntad expresada por la Cámara vasca y la expresada por las dos -Congreso y Senado- que representan la voluntad de los españoles.

Pero más preocupante que esta apreciación fue su distinción entre lo que él denominó «verificación ética» del alto el fuego por parte del Gobierno y la «verificación democrática» que, a su entender, correspondería a la mesa de partidos, haciendo suyos los términos en que han venido pronunciándose los dirigentes de Batasuna, dando pábulo a la izquierda abertzale, que presenta esa segunda verificación como condicionante de la irreversibilidad del alto el fuego. Una vez más, mientras Josu Jon Imaz insiste en distanciar la paz de la política, Juan José Ibarretxe se inclina por vincular ambos planos en un discurso impropio de quien ostenta tan alta responsabilidad institucional.