La ex teniente alcalde Isabel García Marcos, el azote de Gil, a la cárcel por corrupción

La que fuera látigo de la corrupción urbanística del desaparecido Jesús Gil ha sido encarcelada. El juez decretó en la madrugada del viernes el ingreso en prisión de Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde, a la que imputa los presuntos delitos de cohecho, alteración de precios, tráfico de influencias y prevaricación. Se elevan así a cinco las personas en prisión por la Operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, que se saldó con 23 arrestos.

El juez también envió ayer a la prisión de Alhaurín de la Torre al concejal de Tráfico del Ayuntamiento, Victoriano Rodríguez, a quien acusa de participar en una trama para adjudicar a dedo el servicio de la grúa y de exigir diversas cantidades de dinero a la empresa Portillo para otorgarle o no retirarle concesiones.

Más de tres horas se prolongó la declaración del concejal de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez, acusado de los mismos presuntos delitos que Yagüe y García Marcos: prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y alteración de precios en concurso y subasta pública. El juez dictó para el septuagenario edil la orden de ingreso en prisión pasadas las cinco de la tarde.

Barrantes

Además , el juez ha procesado al secretario municipal, Leopoldo Barrantes, a quien dejó en libertad sin fianza pero bajo los cargos de tráfico de influencias y prevaricación, y al empresario Juan Miguel S., quien está acusado de los delitos de cohecho y tráfico de influencias y que también quedó en libertad sin fianza. Barrantes, quien como secretario municipal es el encargado de velar por la legalidad de las decisiones del equipo de gobierno, deberá presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

El primero en comparecer ayer fue el empresario Julio D. M. R., director gerente de la empresa de transportes Portillo, que quedó en libertad bajo fianza de 12.000 euros por presunto cohecho después de dos horas de declaración. El empresario José Luis A.B., acusado de cohecho como el anterior, también pudo eludir la prisión tras abonar 20.000 euros. Horas después, el juez dejó en libertad sin fianza, pero con cargos de cohecho y tráfico de influencias, al empresario Juan Miguel S.

Al cierre de esta edición, el juez seguía tomando declaración a los detenidos en las dependencias judiciales. Atrás quedaba la segunda jornada de comparecencias ante Miguel Ángel Torres. El incansable magistrado, pese a finalizar el viernes la primera tanda de interrogatorios bien entrada la madrugada, ayer retomó la instrucción a mediodía. Seis arrestados fueron trasladados desde la Comisaría Provincial de Málaga al Palacio de Justicia de Marbella, entre ellos la primer teniente de alcalde y los concejales José Jaén y Victoriano Rodríguez, junto a tres empresarios. Estaba previsto que después de la declaración de Isabel García Marcos pasaran ante el magistrado el concejal de Cultura y Educación José Antonio Jaén y el empresario Jaime H. Otros seis detenidos tendrán que comparecer hoy ante el juez, que prevé terminar con las declaraciones mañana lunes.

El juez acusa a todos los concejales detenidos de haber diseñado un concurso a medida para que el servicio de grúa se adjudicara a Ismael Pérez Peña, empresario que ha sido encarcelado.

Nuevas tasas de precios

El magistrado sostiene que para pagar una deuda contraida con Pérez Peña por el Ayuntamiento, tanto el asesor de Urbanismo como la alcaldesa y los concejales Isabel García Marcos, José Jaén y Victoriano Rodríguez «se esforzaron a toda prisa para aprobar unas nuevas tasas de retirada de vehículos de la vía pública y adjudicar de nuevo la condición a Ismael en mejores condiciones, además de diseñar un concurso a su medida para ue se le adjudique el renting de los vehículos del Ayuntamiento, todo ello previa exigencia de resultar a su vez beneficiados».

La supuesta deuda a la que hace referencia el juez está relacionada con varios vehículos entregados por el empresario a la alcaldesa, así como dinero que supuestamente transferido a Juan Antonio Roca como compensación por la adjudicación directa del servicio de la grúa municipal. «Ante la deuda que el Ayuntamiento mantiene con él -dice el auto- Roca interviene y negocia con Construcciones Salamanca que cambio de la ratificación de convenios urbanísticos a su favor, le entregue la promotora dos pisos a Ismael». Según el juez, la deuda no se paga totalmente, por lo que los imputados diseñan el concurso a medida para que el empresario se adjudique el nuevo concurso de la grúa y a su vez se aumenten las tasas por ese servicio.

Según el auto, como gratificación Ismael le entregó a Roca dos millones de euros a través de su testaferro Óscar Benavente. Este dinero fue interceptado por la policía. También señala que tanto Roca como Victoriano Rodríguez venían exigiendo a la empresa Portillo diversas cantidades de forma continuada para otorgarle concesiones de servicios de transporte público o bien para no retirárselas.

Portillo, según el juez, pagó varias veces. El director gerente de la compañía está imputado por cohecho y en libertad bajo fianza.