Ser o no ser de la reintroducción

Dos semanas después de que se anunciase la localización en la Janda del nido de una pareja de águilas imperiales -el primero en cincuenta años- los investigadores de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), encargados del programa de recuperación de esta especie en peligro de extinción, han visto enturbiado su trabajo con las críticas de distintos grupos ecologistas. Desde las filas de Ecologistas en Acción y Agadén se ha negado la existencia de este nido y se ha dudado sobre la efectividad del programa de conservación impulsado por el CSIC y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. La última en sumarse a esta polémica ha sido la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife, exigiendo a la Dirección General del Medio Natural la paralización total de este programa.

Según la SEO, cuyo delegado en Andalucía es Jorge Garzón, la petición atiende a que «la Junta no cuenta con un plan de recuperación para la especie, no ha protegido el espacio donde se lleva a cabo la reintroducción y existe una elevada mortalidad de los ejemplares liberados». Asimismo, piden «una aclaración pública sobre la supuesta instalación de una pareja en Cádiz».

En defensa del programa

La Consejería de Medio Ambiente ha declinado entrar en la polémica y remite a la Estación Biológica de Doñana. Allí, el coordinador del proyecto de reintroducción e investigador del CSIC, Miguel Ferrer, asegura no entender las críticas vertidas por los ecologistas. En relación al nido de La Janda, comenta que «los ecologistas deberían saber que el ciclo reproductivo del águila imperial es de seis meses, un tiempo en el que pueden pasar muchas cosas. Entre ellas, algo tan normal como que la pareja decida cambiar de lugar, que es lo que ha pasado.Y esto no quita mérito a lo conseguido».

Fue en el año 2002 cuando se ensayó por primera vez la reintroducción del águila imperial mediante la técnica del hacking (término con el que se designa la cría de pollos en nidos artificiales). Se eligió la comarca gaditana de La Janda -lugar donde había desaparecido la especie- por considerar que cumplía con los requisitos exigidos por la Unión Mundial para la Naturaleza UICN para la realización de reintroducciones. Aspecto con el que está en desacuerdo la SEO, ya que a su juicio «la zona no brinda la protección adecuada al no haberse eliminado las principales amenazas: electrocución, envenenamiento y disparos».

Ferrer rebate esta posición asegurando que, por ejemplo, «la finca de Las Lomas (entre Vejer y Benalup) fue el primer lugar de España donde eliminaron los tendidos eléctricos peligrosos». Además, no entiende la posición de la SEO «que participa en el Grupo Andaluz de Asesoramiento del Águila y están informados de todo».

Sin embargo, las críticas más duras han sido efectuadas por la cofundadora del grupo ecologista Agadén y ex vocal del Patronato de Doñana, Purificación González de la Blanca, que también arremete contra el Plan de Manejo del Lince Ibérico: «un desastre que ha acabado con con el lince en Doñana y que están copiando con el águila». En un texto que titula El lobby del águila imperial, critica la supuesta alta mortalidad y el hecho de que los investigadores «nunca se plantearon utilizar ejemplares de los que existen en cautividad, para la reproducción y reintroducción, porque perderían el monopolio».

«El procedimiento que seguimos es el que se emplea en todo el mundo -argumenta Miguel Ferrer-. La mortalidad que tenemos es del 40%, cuando las águilas en estado natural tienen un 87% de probabilidad de morir antes del quinto año de vida. Esto lo sabe la SEO y se puede comprobar en el campo».

Situación en Doñana

Por último, González de la Blanca recrimina que precisamente sea Doñana, donde actúan los investigadores de la Estación Biológica, el único lugar de España «donde la población de águilas imperiales ha caído en picado». Ferrer, se defiende una vez más, y explica que «es normal al tratarse de la población más aislada y más sensible a los problemas de envenenamiento, que es la principal causa de mortalidad. La aparición de veneno coincide con la enfermedad del conejo, porque los dueños de los cotos tratan de eliminar a los predadores».

Según datos de la Consejería de Medio Ambiente, en total, se han soltado en La Janda 22 pollos a los que se les han colocado emisores para poder estudiar sus movimientos. Aunque todos superaron la fase inicial del hacking, algunos murieron posteriormente, si bien la tasa de supervivencia, 73%, puede considerarse elevada. Para Ferrer la polémica se debe a un problema de fondo: «unos continúan en las trincheras, y otros hemos evolucionado, apostando por trabajar de forma activa».