Costas se desvincula del caso del barco 'cazatesoros' y asegura que está en manos de la Justicia

El director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, visitó ayer Tarifa acompañado del subdelegado del Gobierno central en Cádiz, Sebastián Saucedo, y el diputado socialista en el Congreso Salvador de la Encina. Fernández se reunió con el alcalde del municipio, Miguel Manella, para hablar sobre el proyecto de convertir la Isla de Tarifa, dentro del Parque Natural del Estrecho, en una zona de uso multidisciplinar, a lo que el director general de Costas mostró su interés de ponerse a disposición del Ayuntamiento para conseguir este objetivo.

Fernández también visitó las obras que se están llevando a cabo en el Paseo Marítimo tarifeño con un presupuesto de más de dos millones y que finalizarán este verano. El director de Costas comentó que «esperamos que este sea un espacio de ocio para que disfrute todo el mundo y suponga un nexo entre el municipio y la playa. Además, Fernández adelantó que este paseo marítimo una vez acabado se enmarcará dentro de un plan estratégico de senderos naturales.

Sin embargo, Fernández no hizo ningún comentario sobre el cese del jefe de Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, Gregorio Gómez Piña, aunque sobre el caso del barco cazatesoros desmantelado hace pocos días por la Guardia Civil comentó que «ese tema ya no es de nuestra competencia, está en manos de la justicia que es quién tiene que resolverlo, pero ya no tiene nada que ver con Costas».

Pérdida de confianza

El caso se desató después de que la empresa Plangas, que es la firma que estaba detrás de la banda de expoliadores, solicitara un permiso para realizar «un estudio comparativo sobre la degradación del depósito sedimentario marino», que fue derivado a la Demarcación de Costas, departamento que expidió una autorización para esta actividad únicamente el pasado 14 de marzo de 2005 y con una duración de un año.

Tras tener conocimiento de que las actividades de este barco no se ajustaban a la solicitud presentada, gracias a una denuncia de Capitanía Marítima, Costas expidió una resolución de caducidad para la concesión el pasado 19 de enero.

El Ministerio manifestó entonces que la concesión de este permiso y la posterior actividad cazatesoros del navío, junto con la polémica en la que se vio envuelto, provocaron una «perdida de confianza», que llevó a la destitución de Gómez Pina.