La ponencia del Congreso comienza con reproches al PP y la negativa de ERC

El Congreso ha iniciado esta tarde la sesión de trabajos parlamentarios para la reforma del Estatut catalán configurando la ponencia mixta. En la sesión, el PP ha calificado el texto como una "obra de ingeniería contra la libertad" mientras el resto de grupos han reprochado su actitud negativa e inmolivista. Además, ERC ha advertido que parte su labor con el "no" al pacto entre el PSOE y CiU.

Los portavoces del PSOE y del PP se hicieron llamamientos recíprocos a cambiar de posición, aunque al mismo tiempo dejaron claro que sus posiciones siguen enfrentadas, ante la Comisión Constitucional del Congreso, donde también tomaron la palabra los portavoces y ponentes de los demás grupos parlamentarios.

El socialista Diego López Garrido aseguró que su grupo trabajará para que el Estatuto salga plenamente adecuado a la Constitución, buscando una profundización en el autogobierno de Cataluña "generalizable a otras comunidades que lo deseen" y de manera que la reforma garantice el interés general de los ciudadanos. Aseguró que el Estatut preservará la solidaridad entre los territorios y los ciudadanos y que se logrará ampliar la mayoría parlamentaria con la que cuenta actualmente, lo que dará "firmeza a un texto que será sometido a referéndum".

Para López Garrido, ante las reformas estatutarias deben olvidarse los intereses partidistas. Defendió el acuerdo con CiU, "que aporta seguridad y confianza" en tanto que reprochó al PP que con su campaña del referéndum, basada en "falsedades", quiera "sacar del Parlamento" la reforma, en una actitud que justificó por su derrota en las pasadas elecciones.

Zaplana invita al PSOE a volver a la senda de la Constitución

En su alocución ante la Comisión, Eduardo Zaplana invitó al PSOE a alejarse de los nacionalistas y "volver a la senda del diálogo y de la Constitución", pero también acusó a los socialistas de ser los principales responsables del "inmenso error" del Estatuto.

Por ello, garantizó que su partido no será "corresponsable" de la "quiebra de la convivencia constitucional" que representa. El dirigente del PP definió la propuesta estatutaria como una "obra de ingeniería contra la libertad" y advirtió de que si se aprueba "Cataluña será el único lugar de España y Europa" donde los ciudadanos "no tendrán libertad para elegir la lengua con la que educar a sus hijos, comunicarse o comerciar".

CiU aboga por el máximo consenso posible

Josep Antoni Duran Lleida, de CiU, opinó que la tramitación introducirá "el máximo sentido común" para "evitar la crispación y hacer frente a la demagogia" y demostrará que el Estatuto no rompe España, no quiebra la solidaridad, ni persigue al castellano ni elimina la presencia del Estado en Cataluña ni es intervencionista. Abogó por el "máximo consenso posible" y recordó que en las ocasiones que llegó a las Cortes el Estatuto catalán -en 1979 y en la II República- el texto del Parlamento catalán fue modificado. En su opinión, el pacto previo "no resta autoridad al sistema parlamentario o a las enmiendas", sino que se trata de un "procedimiento habitual" y advirtió de que si algún grupo no quiere formar parte del debate es por "interés partidista" y "quiere que sea un elemento de erosión del Gobierno".

ERC parte del "no" porque se ha desnaturalizado el texto inicial

En nombre de ERC, Joan Tardá explicó que su grupo parte del "no" al Estatuto por cuanto el pacto del Gobierno con CiU "desnaturaliza" el texto original, recorta las competencias y no establece un modelo de financiación que permita terminar con el "permanente expolio" al que a su juicio Cataluña ha sido sometida. Pese a ello, hizo una apuesta por el diálogo y lanzó a los socialistas el mensaje de que tienen una "gran oportunidad" ante la "encrucijada" que supone "elegir" qué caminos han de seguirse para resolver los "conflictos" que existen en Cataluña y el País Vasco. En este sentido, emplazó al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a cumplir la "palabra dada" cuando se comprometió a respetar la voluntad de los catalanes, y recordó que ERC apoyó su investidura y "ha cumplido".

ICV considera que el PP "está quemando todas sus naves"

El portavoz de ICV, Joan Herrera, remarcó su disposición al diálogo y al pacto, aunque "hay que dialogar con quien quiere dialogar y no con quien arremete". Para Herrera, el PP "está quemando todas sus naves" con "argumentos que pueden ser buenos para mesas petitorias, pero no para la Comisión Constitucional". El diputado de ICV señaló que "hay margen para la mejora" en un texto que "promete".

Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que también tomó la palabra, reiteró la plena legitimidad de la reforma pese a los "intentos de deslegitimación" del PP y afirmó que "cierra" la "asignatura pendiente" del carácter plurinacional del Estado. El ponente del PNV, Aitor Esteban, dijo por su parte que se abre una oportunidad que en su día se negó al País Vasco con el "Plan Ibarretxe" y anunció que su grupo intentará que la voluntad de los catalanes se convierta en "algo tangible" y por ello el protagonismo del proceso corresponde a los miembros del Parlament de Cataluña.

Guerra dice que habrá sitio para todas las posiciones

Alfonso Guerra reconoció que "en los últimos meses ha habido una larga polémica" acerca de la reforma estatutaria catalana, que "para unos es la solución a los problemas y el futuro de Cataluña" y "para otros no reúne los requisitos jurídicos y políticos necesarios". "Todas las posiciones tendrán cabida en el debate de ponencia y comisión --garantizó--. Yo las protegeré, para que todas las posiciones se puedan enunciar con libertad, pero les pido colaboración con la Presidencia. Hagan uso de su libertad, eviten la descalificación del oponente y tengan voluntad de acordar".

Alfonso Guerra recordó que "la historia constitucional de España es una historia de confrontación y enfrentamientos" y que "el consenso de 1978 logró un texto que vino a romper aquel círculo viciado de la historia" y del que se han derivado los estatutos de autonomía, "que han proporcionado a España y sus comunidades los mejores años de nuestra historia contemporánea".

Ello fue posible, continuó, por la voluntad de acuerdo y de consenso. "Invito pues a todos a un esfuerzo de acuerdo, de consenso, sobre la garantía comprobada de que las cesiones de cada uno se convierten en el triunfo de todos. les pido y les ofrezco sentido común para superar las posiciones previas --explicó--. El debate con valor jurídico y constitucional, empieza hoy. Todo es posible si todos los quieren". Después de que esta tarde se constituya la Ponencia conjunta (once diputados de cada cámara), empezará a correr un plazo hasta el próximo 6 de marzo para aprobar un informe sobre el Estatut y las 94 enmiendas presentadas, el cual habrá de ser votado después en la Comisión Constitucional antes del 27 de marzo.