Traspiés diplomático

La prohibición a España, del Gobierno de los Estados Unidos, para vender doce aviones militares de la empresa EADS-CASA a Venezuela es el enésimo capítulo del progresivo y preocupante distanciamiento entre dos países aliados y socios en la OTAN. Un desencuentro evidente que, se vista como se vista diplomáticamente, va claramente en detrimento de la imagen y el peso de nuestro país en el mundo. El Gobierno de Bush ha entendido que esta operación desestabilizaría una región ya complicada de por sí y que Hugo Chávez no es un político en el que se pueda confiar, a pesar de haber sido elegido democráticamente, debido a su deriva populista y a su cada vez más patente caudillismo y desprecio hacia los derechos fundamentales y la separación de poderes; por eso, la Administración norteamericana ha vetado la operación en aplicación de sus leyes domésticas sobre autorización de licencias de transferencia de tecnología militar. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo del caso es que el Ejecutivo socialista se haya empeñado en impulsar la transacción a través de los buenos oficios del presidente Rodríguez Zapatero y del ministro Bono en Caracas, sin contar antes con el visto bueno del principal proveedor de tecnología de estos aviones, que resulta ser su aliado y la primera potencia militar mundial y de la que, a la hora de la verdad, depende en gran medida la defensa española y europea.

En contra de las normas mínimas de la diplomacia, el Gobierno español no ha negociado con Washington antes de proponer esta venta a Venezuela, lo que pone de relieve la falta de diálogo y confianza y el exiguo nivel de la relación bilateral existente desde la llegada del actual Ejecutivo al poder. Ahora, sin la participación del socio norteamericano, será muy difícil que salgan las cuentas en esta transacción de 1.700 millones de euros, fragatas incluidas, y que pueda realizarse la venta, por mucho que se empeñe la vicepresidenta Fernández de la Vega en decir que no pasa nada o que el Ministerio de Miguel Ángel Moratinos negase a primera hora de la mañana que hubiese habido un veto del Gobierno de EE UU -según Exteriores, lo era de las empresas estadounidenses- y que se trataba exclusivamente de «una decisión comercial»; extremo desmentido de forma explícita por la Embajada norteamericana en España.

El episodio vivido con la venta de los aviones debería servir al menos para que alguien en el Ejecutivo se percatase de que se ha tocado fondo en la descoordinación de la acción Exterior y de que se impone una rectificación para no dañar aún más el mermado prestigio de nuestro país y no comprometer el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas, con una dependencia tecnológica abrumadora y, hasta ahora, muy provechosa respecto a los proveedores norteamericanos.