Washington justifica la legalidad del espionaje doméstico por interés nacional

Tras la publicación de un informe de 44 páginas del Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense en el que se señala que el espionaje electrónico decidido por Bush viola las leyes vigentes, el Gobierno de EE UU ha salido de nuevo a la palestra para defender esta polémica operación. Washington ha reiterado que su criticado espionaje doméstico sobre los ciudadanos y en el exterior se justifica por la lucha contra el terrorismo, en la que «está por delante la seguridad nacional», informó ayer el diario norteamericano The Washington Post.

La Agencia de Seguridad Nacional (NS) ha compartido con otros organismos de Washington datos obtenidos mediante su espionaje electrónico en el exterior del país, lo que ha desatado un debate sobre si ello viola los derechos civiles de los norteamericanos y de las leyes internacionales.

Por ello, la Corte de Vigilancia de la Inteligencia Internacional creada por el Congreso ha exigido un resumen del programa autorizado por el presidente de EE UU, George W. Bush, en 2002, el cual podría ser recibido hoy por el tribunal.

«Acto vergonzoso»

La polémica se originó al conocerse que el mandatario había autorizado a la NSA a llevar a cabo esas escuchas sin pedirle permiso al tribunal secreto especial, creado en 1978 para controlar las actividades de espionaje sobre ciudadanos estadounidenses. Según tres funcionarios o ex funcionarios del Gobierno mencionados por la prensa local, la NSA pasó la información recogida a la Agencia de Inteligencia de Defensa «y a otras agencias gubernamentales».

«Los datos de las escuchas e interceptaciones incluyen grabaciones de comunicaciones telefónicas o correos electrónicos», según The Washington Post «y estuvieron a disposición para las agencias autorizadas a pedirlos».

Bush ha admitido que ordenó esas actividades y ha reiterado que las continuará. Para el presidente de EE UU, la revelación de la operación de la NSA fue un «acto vergonzoso» que perjudica la seguridad nacional. El Departamento de Justicia investiga ahora la manera en que la información secreta llegó a la prensa.

Por su parte, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) indicó que el Gobierno debería investigar, en cambio, si Bush violó la ley cuando autorizó el espionaje.