Triste final

En lo que concierne a sus gobernantes, la España contemporánea muestra una pulsión destructora que reverdece de vez en cuando, aunque hoy ya, por fortuna, no con los caracteres de tragedia de antaño.

En tiempo de paz, la España contemporánea ha sido implacable con los jefes de Gobierno y/o de Estado, en especial con los considerados en la órbita del mundo liberal conservador. O han sido asesinados, o han sufrido atentados y/o exilio, o han terminado desacreditados y ninguneados.

En efecto, no pocos de esos presidentes o jefes de Estado fueron asesinados, la mayoría por parte del terrorismo anarquista predominante durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Quizás el único mandatario asesinado (en 1870) no conservador fue Prim, que además tampoco lo fue a manos del terrorismo sino de una facción política enemiga.

Aún hoy no se tiene claro quién fue el autor intelectual del ataque, aunque la historiografía más solvente se inclina por el duque de Montpensier.

En 1897, un anarquista mató a uno de nuestros grandes estadistas de todos los tiempos, Cánovas del Castillo, artífice de un sistema que devolvió a los militares (en general progresistas) a sus cuarteles, restauró un sistema monárquico estable, de libertad de prensa y elecciones, que duró 50 años, y que en cierta forma posee analogía con el periodo que vivimos ahora desde la Transición, aunque éste plenamente democrático de acuerdo a las circunstancias de nuestra época.

Quince años después (en 1912), un nuevo magnicidio anarquista tuvo lugar en Madrid contra el liberal Canalejas, cuando miraba el escaparate de una librería en la Puerta del Sol, y al poco tiempo, el anarcosindicalismo catalán, estuvo detrás del crimen contra otro gran presidente del Gobierno, Eduardo Dato, en 1921.

En julio de 1936, un grupo parapolicial, afín al socialista Prieto, sacó de su casa al líder derechista Calvo Sotelo para matarlo, después de no haber encontrado al dirigente de la CEDA, Gil Robles. Los asesinos fueron protegidos por dirigentes socialistas, con lo que muchos de los militares rebeldes que dudaban de lo adecuado del levantamiento, se convencieron de que llegados a ese punto, era más seguro para ellos la rebelión que la pasividad.

El último magnicidio, el del presidente Carrero Blanco, tuvo lugar muchos años después, en 1973, en las postrimerías del franquismo, a manos de terroristas de ETA.

Pero decíamos que otros jefes de Gobierno o de Estado sufrieron atentados, aunque sin el resultado de muerte. Es el caso de Antonio Maura, otro ejemplo de estadista formado, solvente, como eran los políticos de entonces, en nada parecidos al prototipo de político insustancial de moda hoy en día. Sufrió dos intentonas criminales, pero mucho peor para él tuvo que ser la campaña de rechazo que en 1909 sufrió bajo el lema ¡Maura, no! que desató la izquierda española e internacional tras la insurrecta Semana Trágica de Barcelona contra la guerra de Marruecos (resultado: 78 muertos y 80 edificios religiosos quemados), y que le hizo perder, injustamente, el apoyo del propio rey. ¿No nos recuerdan todos estos hechos históricos al ‘No a la guerra’ reciente, y al ‘No es no’ aún más reciente todavía? Una año más tarde, en 1910, el verdadero Pablo Iglesias, líder del PSOE originario, llegó a amenazar a Maura de muerte si éste llegaba de nuevo al poder en una de las más ingnominiosas sesiones parlamentarias de la Historia.

Un atentado sonado fue el que tuvo lugar en 1906, en la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia. El anarquista Matero Morral, desde un tercer piso de la calle Mayor, lanzó una bomba camuflada en un ramo de flores, que mató a 25 personas, pero no a los reyes, que lograron salir ilesos de la carroza donde iban. Lo insólito es que en 1937, el Ayuntamiento frentepopulista de Madrid, cambió el nombre de la calle Mayor, por el de Mateo Morral: este detalle dice ya mucho sobre un régimen llamada republicano, pero en realidad revolucionario.

El propio Alfonso XIII, abuelo del rey Juan Carlos, tuvo que marcharse a la carrera al exilio, a pesar de que en las elecciones municipales de abril de 1931 ganaran los ediles monárquicos, excepto en las grandes ciudades, lo que motivó que las izquierdas salieran a la calle a proclamar la República. El rey Alfonso fue desposeído de sus bienes y declarado traidor por la propia II República española, y viviría ya en el exilio hasta su muerte. Un año antes, Primo de Rivera hubo de dimitir ante la soledad en que se encontraba (murió meses después), tras presidir un régimen de dictablanda que había solucionado el problema del separatismo, del pistolerismo anarquista y de la guerra africana, y con el que colaboró el PSOE. El hijo de Alfonso XIII, Don Juan, nunca pudo acceder al trono en beneficio de Juan Carlos.

Otro atentado que no tuvo consecuencias fue el que ETA cometió en 1995 contra el entonces jefe de la oposición, José María Aznar, por medio de un coche bomba. Más doloroso tuvo que ser para el propio Aznar la manera como terminó su mandato, durante los días posteriores al espantoso atentado de Atocha que costó 192 vidas y que catapultó a Zapatero a la Moncloa. Aznar fue gravemente insultado en aquellas elecciones, al tiempo que las sedes del PP fueron asaltadas en muchos puntos de España. Ocurrió porque se hizo creer a una parte de la opinión pública española que las bombas terroristas fueron activadas como venganza por el apoyo del gobierno de Aznar a la intervención en Irak (jamás estuvimos en la guerra de Irak, como se decía).

Uno de los grandes artífices de nuestra Transición democrática, el presidente Suárez, también hubo de marcharse dolorosamente del gobierno en enero de 1981, después de soportar una cruel moción de censura socialista, la desafección en masa de una gran parte de su propia organización política, y sobre todo la amenaza de algunos militares, posteriormente convertida en un intento grave de golpe de estado.

Felipe González, presidente del gobierno entre 1982 y 1996, fue otro gran estadista que se marchó en medio de una ola de escándalos políticos y económicos, una salida que no hacía justicia a una gestión moderada, brillante, que modernizó a España y la incluyó en la escena internacional.

En estos días hemos vivido el último capítulo del afán destructivo con que España trata a sus mejores gobernantes. El rey padre Juan Carlos, el gran artífice de nuestra Transición democrática, tras haberse visto obligado a abdicar por cuestiones menores ajenas a su brillante liderazgo institucional, fue tristemente postergado (no por el rey Felipe, como se ha pretendido) en la conmemoración del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas de 1977.

La cuestión ahora está en no caer en los errores históricos de siempre. Es necesario que empecemos a dar a conocer a los jóvenes, y a los no tan jóvenes pero sí desmemoriados, cómo Juan Carlos fue el líder principal de la Transición a la democracia y cómo la defendió en unos momentos muy graves para España. Toda esa pedagogía debe servir a un objetivo final: el gran homenaje que su figura se merece. Pero un gran homenaje que debe recibir en vida, y no después de que no pueda percibir el cariño popular, como lamentablemente ocurrió con Suárez en la reciente Historia de España.