El Apunte
El colapso sin final
Las enésimas huelgas en la Justicia revelan unos retrasos crónicos y crecientes que nunca parecen tener solución
La Justicia –a través de los jueces, fiscales y abogados, también de los funcionarios en distinta escala– ha lanzado en numerosas ocasiones el enésimo aviso de socorro. Nunca ha sido escuchado. Jamás atienden las instituciones. Quizás, ni la ciudadanía. Nunca la equiparan con otros servicios públicos, como la sanidad y la educación, que provocan profundas e inmediatas reacciones cuando sufren deterioros y disfunciones graves. Puede que sea porque sufrimos un prejuicio antiguo: la administración judicial es cosa de delincuentes que se enfrentan a la cárcel o de responsables políticos. Es una entelequia compleja y ajena, muy lejana, ininteligible, con la que nunca tendremos contacto todos nosotros personas 'normales'. Un considerable error de diagnóstico. Esa presunta distancia se difumina en miles y miles de casos de ciudadanos comunes. La Justicia está en un lugar muy apartado hasta que vivimos la situación de tener que regular un divorcio, un despido, un pleito entre particulares, denunciar una estafa, una agresión, una negligencia grave... Entonces entendemos que los fallos en este servicio público pueden paralizar o perjudicar nuestras vidas de forma terrible, que tenemos derecho a gestiones y resoluciones que no se retrasen un lustro, una década o más.
Las últimas convocatorias de huelga, los últimos colapsos de siempre nos lo han vuelto a recordar. Y las mejoras nunca llegan. Las reformas nunca llegan a la Justicia. Los presupuestos siempre son cortos, gobierne la formación que gobierne. La dilación que arrastran numerosos juzgados y servicios, procesos y trámites, no sólo es crónica. Es que no deja de crecer.
Los propios profesionales, en las distintas áreas, hace mucho que admiten que son incapaces de ofrecer un servicio mínimamente digno a los ciudadanos. A esta situación hay que añadir la fotografía de las divergencias que constatan las fisuras internas en una cúpula que traslada sus dificultades a toda la estructura.
Si se suman todos los mensajes resulta que la maquinaria institucional ve caer estamentos y funciones fundamentales como si fueran fichas de dominó sin hacer nada. Pese a las dificultades financieras que nadie niega, parece que ha llegado el momento de replantearse las prioridades para saber qué destino le otorgamos a nuestra desbordada administración judicial.
