Torpe justicia europea

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a condenar a España, esta vez por vulnerar, según sus jueces, la libertad de expresión e ideológica de dos jóvenes independentistas catalanes que quemaron una foto de los Reyes en 2007. Los jueces europeos, entre los cuales se halla el infalible Luis López Guerra, demuestran de nuevo su fina sensibilidad hacia los derechos de independentistas y terroristas, y no dudan en suplantar pura y simplemente a los tribunales españoles en las competencias que a estos le son propias. No hay duda de que al tribunal europeo le corresponde garantizar los derechos fundamentales recogidos en el Convenio de 1950, pero esta competencia no lo legitima para actuar como si se tratara de un tribunal nacional, valorando pruebas y reinterpretando las constituciones y las legislaciones de los Estados adheridos al Convenio. Tampoco le permite sustituir al legislador español en la determinación de las penas adecuadas al delito. Al menos PP, PSOE y Ciudadanos han cerrado filas frente al oportunismo de ERC, que pedía la derogación del delito de injurias al Rey, con el apoyo de todo el nacionalismo y el extremismo de izquierda. Los dos condenados por injurias al Rey tuvieron un juicio justo, tres tribunales imparciales y abogado defensor; se les aplicó una norma aprobada por un parlamento democrático y fueron condenados conforme a la ley. Su caso fue minuciosamente valorado por el Tribunal Constitucional, que ratificó la condena con argumentos exactamente opuestos a los del tribunal europeo. Las libertades de expresión e ideología no son absolutas, ni habilitan al ciudadano a manifestarse sin atenerse a límite alguno. Como declaró el Tribunal Constitucional, en la conducta de los condenados hubo una clara incitación al odio y a la violencia, como se ha demostrado rigurosamente con el paso de los años. Los Estados, a través de sus Parlamentos, tienen derecho a fijar límites a las libertades cuando está en juego el interés general y esa limitación es proporcional, justificada y necesaria.

Quemar una foto de los Reyes no es un ejercicio inocuo del derecho a protestar o a provocar para llamar la atención, como dicen los jueces europeos, sino una invitación a la discordia civil, al enfrentamiento ciudadano y a la ofensiva antidemocrática. Los Reyes encarnan la Constitución, la nación española, las libertades democráticas y los derechos fundamentales. Quemar su retrato es una ofensa a la democracia, porque en España, la Corona y la democracia representan lo mismo, algo que quizá no sepan estos seráficos e ignorantes jueces europeos de nacionalidades sueca, serbia, suiza, andorrana, chipriota, eslovaca y… Luis López Guerra.