La seguridad del tribunal del «procés»

Ha causado la lógica alarma el intento de «hackeo» de las cuentas de correo electrónico corporativos y personales de los magistrados que forman parte del tribunal que juzga a los golpistas del «procés» y de los fiscales que han intervenido en el juicio y que sostienen la acusación de rebelión para los acusados, para los que piden decenas de años de prisión. Los piratas pertenecen al grupo de cibercriminales agrupados entorno al nombre de Anonymous Catalonia y su objetivo parece que era el acceso a conversaciones entre los magistrados, que se hallan en pleno proceso de deliberación, o encontrar ya escrita la sentencia del «procés» para denunciar una supuesta premeditación condenatoria del tribunal. Pese a que el ataque fue serio, los piratas no completaron del todo su fechoría al detectar el CNI el intento de intromisión y ponerle coto.

Pero está claro que el peligro es real. Hace poco más de un año este grupo reivindicó el bloqueo de la web del Tribunal Constitucional, que durante horas estuvo sometida a un ataque masivo que denegaba cualquier servicio. Más reciente aún fue una campaña de este colectivo ciber-separatista para revelar la supuesta identidad de personas que utilizan en las redes sociales perfiles anónimos contra el indepedentismo en Cataluña, entre las que supuestamente estarían algunos jueces.

Y del tamaño de la posible amenaza debe ser la respuesta de los servicios de seguridad del Estado, que han de garantizar la inviolabilidad de los equipos y dispositivos informáticos adscritos a la Administración de Justicia y la detención y puesta a disposición judicial de los piratas. El perfil antisistema de estos grupos no solo revela su pericia informática sino su potencial capacidad de desestabilización.