Hubo golpe de Estado

El separatismo catalán quiere contrarrestar el juicio oral que inexorablemente va a celebrarse en el Tribunal Supremo con una estrategia de descalificación de la democracia española. El argumento central consiste en que el Estado español está castigando el ejercicio de libertades y derechos políticos e impidiendo a Cataluña expresarse libremente. En la medida en que ha defendido que en Cataluña hay un conflicto político que sólo se resolverá cuando los catalanes -y sólo ellos- puedan votar sobre su solución, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez nutre el victimismo catalán y juega a la contra de los intereses del Estado en el juicio ante el Supremo. Por mucho vídeo de defensa de la democracia española, Pedro Sánchez está jalonando su estancia en La Moncloa con discursos en los que España no está protegida. La narración de la historia que precede al juicio por el 1-O en la Sala Segunda del Tribunal Supremo no es la de un conflicto político, ni de un choque de legitimidades equivalentes -la española y la catalana-, ni de una imposición de la unidad de España. La causa del juicio a Oriol Junqueras y el resto de acusados es un golpe contra el Estado desde el Estado mismo. El relato de protagonistas de aquellos días que ofrece hoy ABC a sus lectores es una cadena de testimonios de una crisis provocada por separatistas anclados en el Antiguo Régimen, con pulsiones antidemocráticas y claras manifestaciones supremacistas. Una crisis, además, de deslealtad, de auténtica traición, porque el golpismo separatista rompió su compromiso con las normas aprobadas por los catalanes, la Constitución y el Estatuto.

Las penas solicitadas para los acusados pueden resultar aparentemente excesivas, más aún cuando los partidos que protagonizaron el golpe son interlocutores privilegiados del Gobierno de Sánchez, lo que difunde una engañosa banalización del atentado que cometieron contra la Constitución. Sin embargo, son penas que se corresponden con uno de los delitos más graves que se puede cometer en un Estado constitucional y democrático: el de intentar la derogación por la fuerza de la vigencia de la Constitución y la unidad nacional. Hay medios extranjeros -de Londres, de Washington- que muestran una llamativa sensibilidad filonacionalista con la cuestión catalana, pero olvidan la historia de cómo reaccionaron sus países contra el secesionismo: con guerras civiles y ocupaciones militares. La opción del Estado español ha sido la aplicación de la Ley y de la Constitución, del artículo 155 y del Código Penal. Frente al golpe separatista contra el Estado -y desde el Estado, porque la Generalitat de Cataluña es parte del Estado español-, el juicio del 1-O es, ante todo, la expresión de una democracia madura y fuerte que no puede tolerar la impunidad de sus enemigos.