Apoyo social a la prisión permanente

La izquierda y el nacionalismo están enfocando su oposición a la pena de prisión permanente revisable con argumentos que chocan con la opinión mayoritaria de sus votantes y, sobre todo, con el sentimiento de justicia que anima el respaldo generalizado a esta pena. Este fundamento sociológico de la prisión permanente revisable no sería suficiente por sí solo para legitimar su mantenimiento en el Código Penal si no estuviera acompañado por principios de justicia y proporcionalidad, pero sí lo es para que los partidos opositores moderen y corrijan su lenguaje en el discurso que sostienen contra el Gobierno. Principalmente, porque los defensores de esta pena no son verdugos medievales, ni vengadores justicieros. Son ciudadanos que piensan que hay delitos tan graves que merecen una pena excepcional como la de prisión permanente, a la que se añade la condición de que sea revisable, para acomodarla a la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es una auténtica fractura entre el estado de la opinión pública, por un lado, y el discurso político de la izquierda y los partidos nacionalistas, por otro.

La encuesta de GAD3 para ABC demuestra que el apoyo a la prisión permanente revisable es mayoritario en los votantes del PSOE (73 por ciento), pero también de Unidos Podemos (57 por ciento) y de las formaciones nacionalistas (52 por ciento). A estas mayorías se unen las abrumadoras que presentan Ciudadanos y Partido Popular, con el 85 y el 82 por ciento, respectivamente. Cuando el ciudadano responde a la vista de víctimas concretas, como Diana Quer, esos porcentajes aumentan significativamente entre todos los votantes.

La politización del debate sobre esta prisión permanente de carácter revisable -alentada por un llamativa mayoría de penalistas sistemáticamente en contra de cualquier agravación de penas, salvo las que se corresponden con la violencia de género-, ha deslegitimado muchos argumentos contrarios a esta medida punitiva. Ni es medieval -argumento que usan los mismos que aplauden dictaduras como la cubana o la chavista-, ni es regresiva, ni es inconstitucional, ni es desproporcionada. Se ajusta al principio de reinserción, garantiza al delincuente una expectativa de excarcelación (a los 25 años) y se prevé para pocos delitos y muy graves. Es una pena generalizada en Europa, la aplica Naciones Unidas a través de sus tribunales internacionales y cuenta con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sociedad española tiene más sentido común de lo que sugieren algunas actitudes políticas. Lo demostró cuando apoyó con entusiasmo el cumplimiento íntegro de las penas impuestas a los terroristas y lo demuestra respaldando la pena que merecen los peores criminales que acechan a los ciudadanos.