La rescisión del contrato de coches para los municipales «afectará a la seguridad»

El Ayuntamiento de Madrid no renovará el contrato de alquiler de 635 coches patrulla para la Policía Local que realizó antes de las elecciones en anterior equipo de gobierno del PP y que suponía para las arcas municipales 28 millones de euros, un precio «excesivo» que, además, suponía la devolución del vehículo a la empresa adjudicataria a los cuatro años. En su lugar, está estudiando la puesta en marcha de otro contrato que se adecúe a las necesidades reales del cuerpo municipal.

Así lo explicó este jueves la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, quien justificó que ese contrato estaba «sobredimensionado» ya que cada unidad de Policía de cada uno de los tres turnos -mañana, tarde y noche- tenía un coche que «estaba parado» si no había necesidad de moverse.

El consistorio está estudiando la puesta en marcha de otro contrato más económico que permitirá satisfacer, con el ahorro, algunas de las viejas reivindicaciones del Cuerpo, entre ellas, la de que cada agente disponga de su propio chaleco antibalas.

El Ayuntamiento ha asegurado que si se hubiera dado vía libre al contrato, la Policía Municipal contaría con 1.300 vehículos cuando el total de operativos por turno en los casos de mayor necesidad ronda los 1.000 agentes.

Esta medida de optimizar los recursos económicos es respaldada por los sindicatos, si bien consideran que repercutirá en la seguridad, en el tiempo de respuesta a las incidencias y provocará una sobrecarga en los patrullas.

La consecuencia inmediata de la anulación del contrato es que a partir del próximo 15 de septiembre, el Cuerpo dispondrá de 135 vehículos menos que tenían que ser sustituidos al haber estado en funcionamiento cuatro años, la mayoría correspondientes a las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), los denominados «antidisturbios» y algunos a las Unidades Integrales de Distritos (UID).

«Si hay irregularidades, que se denuncien»

José Francisco Horcajo, responsable de CSIT-UP, justificó la medida que fue anunciada ayer por el director del Cuerpo, Andrés Serrano, «por ser muy costosa, ya que cada coche supone un coste para las arcas municipales en los cuatro años de funcionamiento de 48.000 euros, cuando su precio es de 18.000 o 20.000 euros, por lo que se podrían adquirir dos».

Para ello, indicó que los nuevos responsables policiales van a recurrir al Parque Móvil del Estado, que dispone de varias marcas con opción de compra, de manera que tras su vida útil puedan ser vendidos a particulares, una vez pintados. Agregó que es la solución más viable, junto a la del «renting», con condiciones «más ventajosas y no tan abusivas» con lo que se podrán mejorar tantos los medios humanos como los materiales. Culpó de la dicha situación a Pablo Mayoral, exsubdirector general económico administrativo del Cuerpo, cesado por Serrano.

Por su parte, Carlos Bahón, de APMU, expresó sus sospechas de que el contrato anulado «tiene manipulados los pliegos para que solo haya una marca de vehículos que los suministre», por lo que apoyó que se revisen todos los contratos anteriores, al recelar de que «se hubiera podido beneficiar a empresas amigas y adquirir material innecesario y a un precio muy superior al del mercado». Por ello, subrayó que si se confirma que las compras han sido irregulares se denuncie a sus responsables.

Mientras, Julián Leal, portavoz de CPPM, mostró su preocupación por que la rescisión del contrato conllevará la pérdida de ocho furgonetas de las UCS y porque habrá menos vehículos en los distritos desde el 15 de septiembre, lo que afectará a los ciudadanos, al no poder garantizar la eficacia en la atención por la falta de medios.