El concejal montó una reunión con las empresas implicadas en la demolición

El repentino paso atrás de la empresa de moteles Camosa, autora de la querella contra Álvaro Ballarín, ha evitado que la juez tomara declaración al todavía concejal de Moncloa-Aravaca. El número siete de Cristina Cifuentes fue imputado por un presunto delito de prevaricación, falsedad documental y desobediencia, pero la sorpresiva retirada de la denuncia ha frenado la investigación. La titular del juzgado de Instrucción número 39 de Madrid se vio el martes obligada a archivar provisionalmente la causa, por falta de denunciantes, aunque hacía justo una semana –el 19 de mayo– que había rechazado el sobreseimiento solicitado por los abogados de Ballarín.

El concejal del PP estaba citado ante la juez, en calidad de imputado, el pasado jueves 20 a las 8.30 horas, pero su recurso aplazó el interrogatorio.

Entre otras cuestiones, Ballarín debía defenderse de la acusación de «implicación directa» que, a juicio de los denunciantes, tuvo, como concejal de Moncloa-Aravaca en la supuesta demolición irregular practicada en el número 17 de la calle Basauri, en la urbanización La Florida. Según el escrito de la querella, al que tuvo acceso ABC, Ballarín participó en el proceso administrativo que terminó con el cierre en falso del expediente de la demolición, practicado en una parcela propiedad de Sacyr-Vallehermoso, posteriormente adquirida por Corporación Financiera Alba.

Ello fue posible, según la querella, gracias al falseamiento de un informe técnico del Ayuntamiento, firmado por dos técnicos. Hasta hace unos días, la acusación señalaba que esto se hizo bajo «la superior dirección del querellado Señor Ballarín» como concejal-presidente de la Junta de Moncloa.

Precisamente, se apuntaba a la implicación personal de Ballarín, quien habría organizado una reunión, con fecha de 27 de octubre de 2010, entre las tres empresas implicadas en el litigio –Camosa, Sacyr y Alba– para considerar el alcance y efectos de la orden anterior de demolición, cursada por la Justicia en 2010;la que presuntamente se trató de sortear, favoreciendo a las dos grandes corporaciones. El fiscal estudia si actuar de oficio al tratarse de delitos públicos.