Expertos reclutados por Urkullu acusan al Gobierno de «no implicarse a fondo» en el desarme de ETA

El grupo de expertos contratados por el Gobierno vasco el pasado mes de abril, para que analizaran su llamado Plan de Paz y Convivencia, lanzado en junio de 2013, asegura en su informe de evalución divulgado este miércoles que «el Gobierno Central no ha querido implicarse a fondo» en el desarme de ETA, «una cuestión que no le reporta beneficio alguno a corto plazo».

Los denominados «expertos en derechos humanos, investigación para la paz y procesos de evaluación» designados por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Covadonga Morales, Francisco Rey, Jesús A. Núñez Villaverde y Roberto Toscano, se han reunido esta mañana en Vitoria con el lendakari Iñigo Urkully y el secretario de paz y convivencia, Jonan Fernández, antes de atender a los medios de comunicación.

También han hecho entrega de su informe, realizado a partir de 67 entrevistas, en el que se recoge, en el apartado de conclusiones, que «el paso del tiempo (...) ha demostrado que el desarme de ETA sigue siendo una asignatura pendiente, sin que la propia organización haya dado muestras suficientemente convincentes de su voluntad de dejar de utilizar esa baza como un elemento de negociación de último recurso».

También se indica que «los actores internacionales no han logrado crear un proceso que genere suficiente confianza y el Gobierno Vasco no ha podido de ningún modo acelerar su materialización». El informe añade: «Los factores de bloqueo para abandonar posiciones del pasado, como resultado del alto nivel de desconfianza generado, tienen aún mayor peso que los que pudieran animar a explorar un territorio desconocido para todos».

En este punto vuelven las críticas al ejecutivo de Rajoy, al afirmar que «es la renuencia del Gobierno Central a entrar por esa senda, lo que obliga a ensayar fórmulas distintas a las habituales en procesos de desarme. La consecuencia de esa ausencia de marco referencial provoca aún mayor inquietud e indefinición en muchos de los actores implicados».

«ETA, por su parte, parece haberse instalado en una actitud de no-desarme, que supone un coste adicional para una sociedad que abrumadoramente demanda su disolución sin condicionamientos políticos de ningún tipo».

Críticas a las víctimas

El informe es benévolo con el Gobierno vasco, de cuyo plan se afirma que tiene un carácter «reconciliador, vivo y flexible». En cuanto a las víctimas del terrorismo, se asegura que se ha producido «un acercamiento a las mismas y una mejora evidente en el clima de diálogo entre el Gobierno Vasco y las asociaciones». Urkullu recibe un espaldarazo a sus retratos de la memoria: «El hecho de querer incluir a las víctimas de todas las vulneraciones de los derechos humanos cometidas en el País Vasco es coherente con los marcos jurídicos internacionales suscritos por el Estado, aunque esté planteando problemas en la relación con el Gobierno Central».

Al tiempo, los expertos afirman que «la memoria, por definición, es poliédrica, eso significa que probablemente no será posible construir un único relato que contente a todos». Y aseguran que «no existe fundamento alguno para defender que el plan esté desequilibrado en favor de las personas presas y en menoscabo de las víctimas».

Sumado a esto, en la rueda de prensa tras la presentación del informe uno de los autores del informe, Núñez Villaverde ha asegurado que «determinadas asociaciones tienen una voz que no les corresponde», con peso «suficiente para bloquear procesos», y ha abogado por tratar de «dimensionar» su papel.