El gobierno vasco vinculará la reinserción de presos etarras a su autocrítica

El Gobierno vasco presentó este miércoles un proyecto piloto, llamado Programa Zuzendu, que vinculará la reinserción de los presos de ETA con su autocrítica. Esta iniciativa se pondrá en marcha tras los comicios municipales y forales del 24 de mayo, para «sacarlo del ruido electoral», explicó el lendakari Iñigo Urkullu, quien aseguró que esa autocrítica es la «piedra angular» para ayudar a «desatascar» el "inmovilismo» del proceso de paz y convivencia y «desarrollar políticas de víctimas, de memoria, de reinserción y de convivencia».

El máximo responsable del ejecutivo vasco, acompañado del secretario de paz y convivencia, Jonan Fernández, anunció este programa diseñado para «la divulgación de una pedagogía de la autocrítica en derechos humanos». Funcionará junto al denominado Hitzeman, el programa anunciado en octubre de 2014

por el Gobierno vasco -pese a no contar con las competencias necesarias- para la reinserción de las personas presas. Hitzeman ofrece a los reclusos que se acojan de manera «personal y voluntaria» y que firmen en un documento su compromiso con la «paz y la convivencia», dos años de «cobertura institucional», que se traduce en asesoramiento personal y legal, apoyo psicológico, apoyo a la reinserción laboral y de búsqueda de vivienda.

Fernández, por su parte, precisó que el programa Zuzendu estará listo para ser activado a finales de mayo o principios de junio, aunque reconoció que no tienen todavía la completa seguridad de que los presos de ETA estén dispuestos a participar. «No ha estado abierta a la inscripción, no hemos invitado a los presos a que se incorporen», aclaró. «No hay en ese sentido presos inscritos porque no hemos abierto esa posibilidad, todo esto lo vamos a trabajar a partir de este momento. Hemos tenido comunicaciones, interés, en fin, que ahora tenemos que ir gestando», añadió.

Sobre la finalidad del nuevo programa, Urkullu explicó que los procesos de autocrítica «están relacionados con el reconocimiento del daño causado», y pueden ser «individuales o colectivos». Añadió que es necesario «pasar de la coexistencia a la convivencia», ya que ve «difícil» que se dé esta última «si no hay un ejercicio autocrítico del reconocimiento del daño causado».

«Expresa demanda social y política»

El documento que recoge la presentación del programa establece que «hay una expresa demanda social y política que apremia a una valoración específica de la violencia de ETA por parte de su entorno político. Esta no excluye sino que refuerza la necesidad de otras valoraciones específicas; pero la que hace referencia a la gravedad de lo que ha supuesto el balance de ETA no puede eludirse remitiéndose a la de otros».

Añade que «una valoración crítica y clara sobre lo que ha supuesto la vulneración de derechos humanos provocada por ETA es apremiante por distintas razones y por una que destaca sobre las otras: la posición de quienes se muestran renuentes a valorar críticamente las violaciones de derechos humanos provocadas por ETA agranda la sospecha de justificación de la violencia padecida o la pretensión de dar por bueno el sufrimiento injusto provocado a las víctimas». E incide: «Esto, además de resultar inaceptable en la sociedad vasca del siglo XXI, tiene efectos éticos, humanos, sociales y políticos destructivos en el presente y en el futuro».

Ámbitos de autocrítica

El programa especifica, «al objeto de evitar equívocos», los ámbitos en los que debe realizarse esa autocrítica. El primero, «la violencia directa de ETA, tanto sus hechos (asesinatos, secuestros, extorsión...) como la legitimación del recurso a una violación de derechos humanos sistematizada y organizada como arma política». El segundo, la «estrategia de socialización del sufrimiento y sus consecuencias: la kale borroka y la realidad de miles de personas amenazadas, extorsionas y escoltadas durante años, especialmente entre 1990 y 2010».

En tercer lugar apunta a «BVE, GAL y similares» por lo que califica de «ejercicio ilícito de la violencia estatal o por violencia paraestatal». El cuarto punto alude a la «falta de atención a las víctimas del terrorismo provocadas por ETA y organizaciones similares en las décadas de los setenta y ochenta»; en este punto, de nuevo se menciona a las víctimas de «BVE, GAL y similares» y a las de «abusos policiales».

El proyecto se desarrollará tras la próxima cita electoral en el País Vasco, para evitar que se vea afectado «por el ruido del debate electoral». «Es un tema delicado», admitió. Además, el programa Zuzendu prevé la organización de unas jornadas anuales promovidas por el Gobierno vasco sobre «el valor social y político de la autocrítica». La primera de ellas se celebrará en el segundo semestre de este año y su organización correrá a cargo de una entidad «especializada e independiente».

Ejercicio voluntario

Esa autocrítica, en todo caso, debería partir de los propios presos. Lo explicó Fernández, quien detalló que «solo tiene valor si es voluntaria, unilateral, libre y se hace con honestidad», por lo que ha insistido en que «no es una exigencia sino una sugerencia» porque «la autocrítica obligada no tiene valor».

Zuzendu, explicó, plantea que en la situación actual «muchas cosas van bien pero otras están bloqueadas». Añadió que la autocrítica que se plantea «ni se exige, ni utiliza como arma arrojadiza», sino que se trata de una propuesta «de reflexión, eminentemente política, sin contenido de humillación ni denigración» sino que es «un ejercicio de razón». «Es una reflexión desde la razón que analiza críticamente lo que ha ocurrido en el pasado, lo que se puede convertir en punto de encuentro», detalló.

Por ello, cree que se trata de una «fórmula» que puede ayudar a «construir memoria, a la reinserción y a aliviar y a reparar a las víctimas».

Parálisis aberchale

Urkullu hizo un balance positivo del Plan de Paz y Convivencia desarrollado por su ejecutivo, pero ha reconocido que la «parálisis» de la izquierda abertzale en ámbitos como la crítica a las vulneraciones de derechos humanos causadas por ETA o el «inmovilismo» del que acusó al Gobierno central son dificultades que no permiten avanzar.

También explicó que se necesitan crear condiciones que generen espacios de confianza y colaboración entre las fuerzas políticas en materia de paz y convivencia, o de política penitenciaria y reinserción teniendo en cuenta el peso del pasado.

Posteriormente, Urkullu defendió el papel de Fernández como secretario de paz y convivencia, y aseguró que mantiene una relación «normalizada» con las asociaciones de víctimas. Además, afirmó que, tanto Fernández como la propia secretaría están realizando su trabajo «con absoluta normalidad».