Los partidos con donaciones de empresas perderán las subvenciones

El Parlamento dio ayer el visto bueno a una nueva regulación de financiación de los partidos políticos. Se trata de una de las legislaciones más exigentes y actualizadas del conjunto de España, según defendió el portavoz del grupo popular, Pedro Puy. La iniciativa concreta una de las medidas planteadas por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dentro del llamado «impulso democrático» y tienen como finalidad poner luz y taquígrafos en los ingresos de las organizaciones políticas y sus fundaciones.

La nueva ley contempla aspectos novedosos como la prohibición de donaciones de personas jurídicas y un incremento de un 33 por ciento de la financiación pública en ayudas electorales a las formaciones con representación, apostando por la financiación pública en detrimento de los ingresos privados.

El portavoz de la mayoría utilizaba su turno en el pleno para glosar la intención de la ley en la frase «menos gasto total y menos coste social y una posibilidad de financiación público rogada». A juicio del diputado Puy también la norma contribuirá «a cerrar huecos para que haya menos oportunidades para casos de corrupción». La defensa doctrinal de la nueva regulación llevó al portavoz del PP a justificar su apuesta por la financiación pública como una garantía de que «no se captarán voluntades», ni se establecerán vínculos entre empresas y partidos.

Entre las novedades también destaca que «se acortan los plazos para la rendición de cuentas, y se contempla un reparto de fondos públicos ponderado vinculado a los votos en un 60 por ciento y a la representación en un 40 por ciento», concluyó Puy.

La nueva ley, que fue aprobada con los votos del grupo popular, contó con la abstención socialista y la negativa del resto de la izquierda. Desde el PSdeG, su portavoz José Luis Méndez Romeu señaló que «estas medidas no deben plantearse en el momento actual, al menos mientras sigan vigentes los recortes en servicios y prestaciones». El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, reclamó «límites más estrictos a la financiación privada».

Tampoco AGE se sumó al acuerdo. El diputado Xavier Ron solicitó muchos más cambios y, finalmente, la diputada del Mixto, Carmen Iglesias, aprovechó para denigrar los acuerdos entre PP y PSdeG para fortalecer el entramado institucional.