Un padre se enfrenta a 5 años por «hackear» las notas de su hijo

La presunta modificación de las calificaciones de su hijo a través de un programa informático podría costarle a un padre de Arzúa una pena de hasta cinco años de prisión. Ésa es la petición de la Fiscalía ante un caso que iba a ser juzgado este jueves en la Audiencia Provincial de La Coruña, pero que por problemas de la defensa será aplazado hasta febrero de 2015. Los hechos se remontan al año 2010 cuando, supuestamente y valiéndose de la clave de acceso que por su condición de empleado público le había sido otorgada, modificó a través de Internet la aplicación informática utilizada por la Consellería de Educación para el registro y gestión de los datos relativos a las calificaciones de los alumnos matriculados.

Según el escrito de la acusación al que ha tenido acceso ABC, el imputado —un funcionario con destino en el Instituto de Enseñanza Superior de Arzúa— «hackeó» el sistema para modificar las notas de su hijo, que repitió en dos ocasiones primer curso de Bachillerato sin llegar a superarlo. En la modificación, el padre aparentó que el alumno había aprobado los dos cursos de esta etapa educativa y que, por lo tanto, era apto para obtener el título de Bachiller y acceder con él a un ciclo formativo de grado superior.

La supuesta pirueta informática no fue percibida por la dirección del centro, que rubricó todas las certificaciones al serle entregadas por el propio acusado (o por un tercero) en el lote correspondiente para firmar. En este punto del supuesto proceso de falsificación, el padre llegó incluso a expedir una copia de la certificación y a estampar un sello de compulsa imitando la firma de una de las funcionarias del centro de enseñanza.

Una media de 6,5

La alteración de las calificaciones de su hijo —al que según la Fiscalía concedió una nota media de 6,5— abrió al menor las puertas del primer curso de un grado superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, que abandonó al año siguiente. Tras este episodio, el acusado confeccionó una nueva certificación académica emitida en calidad de Secretario y que también fue firmada por error por la dirección del centro. En este informe se reflejaron idénticas circunstancias a las contenidas en la certificación del 2010 con la finalidad, nuevamente, de que su hijo pudiese cursar el primer año de un ciclo de formación, en este caso, el de Profesional de Animación de Actividades Físicas y Deportivas en el I. E.S. Universidade Laboral de Culleredo.

Con estos datos sobre la mesa, la Fiscalía entiende que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Una delito que está previsto y penado en el Código Penal y que podría conllevar para el acusado una condena de cinco años de cárcel. La pena también implicaría una multa de 20 meses con una cuota diaria de 9 euros y la inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas durante un período de seis años.