Los sindicatos quieren la «extra» de 2012 antes de diciembre

Es un «desastre», aseguraban ayer miembros del frente de unidad sindical que han formado Csi-f, CCOO y Fses (Anpe y Satse) para negociar con la Consejería de la Presidencia la retirada progresiva de los recortes que trajo la crisis y, como medida estrella, la devolución de la «extra» de diciembre de 2012. Tras un cuarto encuentro, liderado en esta ocasión por la viceconsejera Marta López de la Cuesta, los sindicatos de la Función Pública volvieron a descartar cualquier tipo de acuerdo por considerar «otra vez insuficiente» la «contrapropuesta» presentada por la Administración regional, «que supone un avance mínimo, sino nulo» respecto a la anterior. Así, a corto plazo, los representantes de los empleados públicos mantienen las movilizaciones programadas y se trabaja ya en una gran manifestación en Valladolid a finales de este mes.

¿Cuáles serían esos «avances» y por qué no valen? En el nuevo documento la Junta resuelve la inconcreción que le criticaban y fija los plazos para pagar la cantidad pendiente de pago, de tal forma que s e compromete a abonar antes de que acabe el año el 26,23%; otro 25% entre marzo y abril de 2016 y el resto en 2017, proponiéndose «si la situación económica y presupuestaria de la Comunidad es positiva» anticipar esta cuantía a finales de 2016. Además, el texto concede cuatro días adicionales de vacaciones por antigüedad en 2016, el máximo permitido por la normativa básica estatal, y plantea negociar otros aspectos como los «canosos» en 2016. En el tira y afloja de la negociación, los sindicatos critican que el pago se prolongue hasta 2017 y no se ciña al primer semestre de 2016 -«no es una subvención, es nuestro dinero»-, pero también que el primer plazo sea en diciembre, cuando el ingreso afectaría negativamente al IRPF -«mejor en noviembre, para que Hacienda no nos dé el palo»-. Tampoco se recuperan los canosos de inmediato como recoge su plataforma.

Presidencia asegura que su propuesta, «si bien no atiende la totalidad de las aspiraciones de los representantes de los trabajadores», es «la más ambiciosa que se puede plantear para hacer compatible la restitución de derechos con el cumplimiento del objetivo de déficit y recuerda que sólo la «extra» implicará más de 150 millones.