Las promesas fallidas de Óscar Puente

Cuando en el mes de junio el socialista Óscar Puente asumió el bastón de mando de la ciudad de Valladolid, gracias a los apoyos del bloque de izquierdas (Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede), se lanzó de inmediato a intentar hacer realidad algunas de sus promesas electorales. La primera y más insistente, con la que cumplió de inmediato, fue la de abrir dos comedores escolares durante el verano para aquellos niños cuyas familias tuviesen dificultades económicas. A menor escala, acabó en unos días con el famoso «bolardo asesino», que limitada la entrada en el aparcamiento de la Plaza Mayor y con la policía a caballo. A partir de ahí, se metió de lleno con el urbanismo de la ciudad, una de las piedras angulares de su política municipal, impulsada por su socio y primer teniente alcalde, Manuel Saravia (IU).

De esta forma, si en las promesas sociales cumplir el programa electoral era relativamente fácil, más difícil está resultando entrar en parcelas en las que hay un tercero en discordia. Así ha sucedido con la eliminación del paso a nivel del barrio de La Pilarica que ha dejado, eso sí, la imagen del regidor plantando al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que no quiso acompañar en el viaje inaugural del AVE entre Valladolid y León por solidaridad, dijo, con los vecinos afectados. Nada ha podido hacer hasta ahora el consistorio por mucho que en campaña prometiese una solución, después de que Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) anunciase por activa y por pasiva que el paso desaparecería una vez que empezase a circular el AVE, entre otras cosas porque, por normativa, son incompatibles con los trenes que superan los 155 kilómetros por hora. Es cierto que el anterior equipo de Gobierno elaboró un nuevo paso subterráneo para vehículos y ciudadanos, pero fue rechazado por los vecinos y acabó en un cajón. Ahora, ya sin paso a nivel, el Gobierno de Óscar Puente «parchea» el problema con la reordenación de tráfico.

Pingüinos

Tampoco Pingüinos ha tenido, de momento, un final feliz. Si hace algo más de un año el actual alcalde de Valladolid «sacó los colores» al anterior equipo de Gobierno capitaneado por Javier León de la Riva (PP), al que responsabilizó de la suspensión de la concentración motera, la próxima edición tampoco será posible. Mientras la Concejalía de Ana Redondo se afana en buscar una alternativa a la actividad (con motos y música, pero sin la marca), Puente y los organizadores andan a la gresca en busca de responsabilidades por no poder celebrar, por segunda vez, uno de los eventos que más recursos genera a la capital y a la provincia. Turismoto insiste en que la parcela ofrecida por el Ayuntamiento no es válida porque provocará nuevas denuncias de los ecologistas, pero para el alcalde la verdadera razón es que los organizadores están enfrascados en luchas internas y con las cuentas bloqueadas por lo que, si no hay dinero, poco o nada se puede hacer.

Otra de las promesas electorales más repetidas durante la campaña fue el «rescate» público de algunos servicios, como el abastecimiento de agua, en manos de la empresa Aguas de Valladolid desde 1997, a la que en 2007 también se adjudicó el control de los vertidos y la depuración de aguas residuales. El deseo del Gobierno local de que el servicio vuelva a ser municipal se topa, de momento, con un contrato de adjudicación nada fácil de resolver por lo que los técnicos analizan las posibilidades de recuperar la gestión, al menos, mediante una empresa mixta.

En materia impositiva, la tasa de basuras dejará de existir, como se prometió durante la campaña, a partir del próximo ejercicio, si bien la sentencia del TSJ que la declara legal hace imposible que se puedan recuperar las anualidades de 2013, 2014 y 2015, como pretendía el Gobierno municipal. Tampoco se podrán devolver los recargos por no pagar en tiempo.

Urbanismo

El área que más quebraderos está dando a Puente es el de urbanismo. Una de sus grandes apuestas, el Campus de la Justicia, camina de forma tortuosa en busca de una salida nada fácil. En el primero de los casos, se comprometió a paralizar la llamada Ciudad de la Justicia proyectada para el barrio Girón y con un proyecto en firme aprobado por el Ministerio. La alternativa pasa por llevar las dependencias al Colegio El Salvador, en desuso y casi abandonado, pero de propiedad privada, y hacer una complicada operación de permutar los terrenos adyacentes al del Instituto Nacional de la Seguridad Social por parcelas municipales en el Plan Parcial Zambrana. Igual de complicada es la expropiación que proyectan del colegio, si se tiene en cuenta que el edificio está hipotecado y tiene, incluso, un embargo. En cualquier caso, la operación sigue adelante ahora en forma de contactos con las partes implicadas y con el propio Ministerio que deberá dar el visto bueno. Será, en definitiva, otra promesa a muy largo plazo. Como el largo plazo que se vislumbra para el soterramiento de la línea férrea que, de momento, acumula, a través de la Sociedad Alta Velocidad de la que forma parte el consistorio, una deuda de 400 millones para la que pide una refinanciación.