El PP trata de revocar el acuerdo entre PSOE y Podemos para «tapar» Gamonal

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, anunció ayer que no tramitará, al menos «de momento» el acuerdo plenario de no reclamar los daños causados durante los disturbios de Gamonal propuesto por Imagina y aprobado con los votos del PSOE, la abstención de Ciudadanos y la oposición del PP. El Ayuntamiento enviará el acuerdo a la Abogacía del Estado y la Junta de Castilla y León, ya que Lacalle lo considera «ilegal» por no defender los intereses de la ciudad.

Todo comenzó en el pleno del pasado viernes en el que Imagina Burgos -formación impulsada por Podemos e IU-, propuso al Ayuntamiento «desistir de la acusación y reclamación civil» en el procedimiento contra los cuatro imputados por los incidentes de Gamonal ocurridos en enero de 2014.

Imagina alegó en la exposición de motivos que se trató de una «reacción pacífica» de los vecinos afectados por la construcción de las obras del bulevar aunque, según el cálculo del Ayuntamiento, los incidentes producidos tras las manifestaciones dejaron daños valorados en unos 60.000 euros, contabilizando solo el mobiliario urbano y los vehículos oficiales.

Durante el pleno, el edil socialista Antonio Fernández Santos, como recordó ayer mismo, defendió la «obligación» del Ayuntamiento de defender los intereses de la ciudad. Aunque afirmó que los socialistas lo tienen «clarísimo», finalmente el PSOE votó a favor de la proposición excluyendo únicamente el punto número tres en el que se instaba al Ayuntamiento a «obrar de la misma manera para futuras acusaciones derivadas de estos hechos». La proposición salió adelante con los cinco votos de Imagina y el apoyo de los seis del PSOE ante la abstención de los cuatro e ciudadanos y la oposición de los 10 del PP que gobiernan en minoría.

A pesar de ser un acuerdo plenario, el alcalde anunció ayer que no lo tramitará de momento «de forma provisional» por considerarlo «ilegal», ya que el Ayuntamiento, como el resto de administraciones, está obligado a «defender y proteger» su patrimonio. En este sentido, recordó que es el Ministerio Fiscal quien ha instruido la causa penal contra los imputados mientras el consistorio solo siguió la vía civil para reclamar los daños que están valorados en unos 60.000 euros.

«Carta blanca»

Además de cuestionar la legalidad del acuerdo, Lacalle señaló que su aprobación supondría un mal precedente de cara a futuros actos vandálicos y daría «carta blanca para que cualquier persona destroce los bienes municipales sin que tenga ninguna responsabilidad».

Por todo ello, Lacalle avanzó que si la Abogacía del Estado y la Junta de Castilla y León avalan la ilegalidad del acuerdo, el PP llevará al pleno del mes de septiembre una nueva proposición para anular la de Imagina. Situación en la que, paradójicamente, podría contar con el apoyo del resto de formaciones políticas.

Ciudadanos ya se abstuvo en la propuesta inicial y el PSOE se desmarcó ayer de la propuesta de Imagina apelando a un «error en la intrerpretación» ya que, según explicó su portavoz, Daniel de la Rosa, siempre han querido que «el Ayuntamiento defienda a ultranza» los interes de la ciudad en la causa abierta por los incidentes de Gamonal. Incluso desde Imagina, la concelaja Eva de Ara, reconoció ayer que asumirán «cualquier resolución judicial o administrativa» que determine la ilegalidad del acuerdo aunque, si no es así, defenderán su propuesta «hasta el final».

La concejala de Imagina considera que el Ayuntamiento debería «analizar los motivos por los que debe renunciar a reclamar esos daños y perjuicios». Tal y como se recogía en la proposición, De Ara insiste en que la mayoría de las movilizaciones se realizaron de «forma pacífica», aunque en alguna se produjeron «incidentes que motivaron la intervención de los agentes de la autoridad y la detención de vecinos de la ciudad que protestaban por unas obras que no entendían».

De todos los detenidos durante los graves incidentes de Gamonal que se prolongaron durante dos semanas en enero de 2014, cuatro personas se encuentran formalmente acusadas por el Ministerio Público. En la proposición aprobada por Podemos y PSOE también se pide al Ayuntamieno de Burgos que pida a la Subdelgación del Gobierno que archive los expedientes incoados.