Los Gobiernos se «olvidan» de la provincia tinerfeña en la obra pública

A tenor de los últimos datos, la inversión en obra pública parece haber salido definitivamente de los mínimos a los que la llevaron los años más duros de la crisis. Y también en Canarias se confirma la nueva coyuntura. Entre enero y agosto de este año, las Administraciones central y autonómica y los ayuntamientos pusieron trabajos en licitación por un montante de casi 332,5 millones de euros. En el mismo período de 2014, la cuantía no llegó a 283,5 millones, según las estadísticas de Seopan, la asociación española de empresas constructoras. El incremento, por tanto, es de un 17,3%, incremento que cobra más valor si se tiene en cuenta que es también el tercero consecutivo. La suma en los ocho primeros meses de 2013 fue algo menos de 182,6 millones de euros; en 2012 había sido 133,5 millones.

El reparto de los fondos que se destinan para obra pública suele ser la causa de discusiones entre políticos de tal o cual territorio, controversias que se acentúan en Canarias por el carácter insular de la región. Uno de los últimos ejemplos está en el intento del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de conseguir fondos extraordinarios para los trabajos del llamado «anillo insular». Las gestiones de Alonso ante el gabinete de Mariano Rajoy han recibido las críticas de representantes de otras instituciones, quienes temen que más dinero para Tenerife implique menos para sus islas y lo acusan de asumir responsabilidades que corresponden al Ejecutivo autonómico. Si a estas «tensiones territoriales» se suman las limitaciones presupuestarias que la incipiente recuperación aún no puede solucionar, el cóctel para la discusión política ya está servido. Así no resulta extraño que los gobiernos se afanen para que el reparto del pastel entre las dos provincias del Archipiélago sea lo más equilibrado posible. Con todo, este equilibrio ha desaparecido desde el estallido de la crisis. Desde entonces, desde los presupuestos de 2008, el destino de 64 de cada cien euros de las obras que los Gobiernos han puesto en licitación ha estado en la demarcación de Las Palmas.

Entre los años 2000 y 2007, los últimos de la bonanza, el Gobierno sacó a licitación trabajos en la provincia de Las Palmas por un monto de aproximadamente 1.156 millones de euros. La cantidad fue 1.141 millones en el caso de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife. En esos mismos años, el Ejecutivo regional puso obras en licitación en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por un total de 1.225 millones de euros; un total que fue de 1.245 millones en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Si se suman las cuantías de ambas administraciones, los Gobiernos estatal y autonómico sacaron trabajos a licitación en la provincia oriental por un importe de 2.381 millones de euros, solo seis menos que en la de Santa Cruz de Tenerife, donde fueron 2.386 millones. Una equivalencia casi total que se terminó en 2008, el primer ejercicio que discurrió sumido de lleno en las estrecheces presupuestarias. Ambos Ejecutivos ya pusieron obras en licitación ese año en la demarcación de Las Palmas por montantes sensiblemente superiores a los de los trabajos en licitación en la provincia occidental. Fueron 664 millones de euros para Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote (455 de las arcas estatales y 209 de las de la comunidad autónoma) y 236 millones para la provincia tinerfeña (139 y 97 millones respectivamente).

Y si los ocho ejercicios inmediatamente anteriores a la crisis arrojaron aquella equivalencia casi total, 2.381 y 2.386 millones, los ocho siguientes, esto es, los ocho últimos (2008-2015), arrojan esa notable diferencia de inversiones que ya habían anticipado las cifras de 2008. Entre enero de ese año y el último agosto, la Administración central sacó obras a licitación en la demarcación de Las Palmas por 844 millones de euros, mientras la Administración autonómica lo hizo por 841 millones. En la provincia occidental, la suma por la que el Gobierno llevó trabajos a licitación fue 382 millones de euros, 186 menos que en el caso del Ejecutivo del Archipiélago (568 millones). En consecuencia, entre ambas administraciones promovieron obra pública en las islas orientales por una cuantía (en licitación) de 1.685 millones de euros, mientras que fueron «solo» 950 millones en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Una diferencia de 735 millones, es decir, de un 77,4%.