La «abuela de Fuerteventura» no podrá salir de la cárcel hasta la próxima semana

El Gobierno ha expresado sus dudas sobre el hecho de que Josefa Hernández, la mujer condenada por no derribar su vivienda construida en una zona protegida de Fuerteventura, pueda salir de prisión el mismo viernes después de que el Consejo de Ministros apruebe su indulto.

Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado a Europa Press que «difícilmente» podrá abandonar ese día la cárcel de Tahíche (Lanzarote) en la que se encuentra desde el pasado lunes. El ministro Rafael Catalá ha confiado esta mañana en que el proceso concluya la próxima semana.

Según las fuentes consultadas, este expediente de indulto ha cumplido con todas las formalidades y su tramitación se ha prolongado durante los cuatro meses que, como media, se alargan estas peticiones.

En este caso, el tribunal sentenciador y la Fiscalía se opusieron a otorgar la medida de gracia a Josefa Hernández.

El departamento, que dirige Rafael Catalá, recibió el 31 de marzo la petición de indulto por parte del abogado de la mujer canaria. El 19 de mayo solicitó los informes preceptivos al juzgado y al Ministerio Público, que llegaron el 2 de julio y eran contrarios a perdonar a la acusada.

Los expedientes de indulto pasan por uno de los cuatro o cinco Consejos de Ministros que celebra mensualmente el Ejecutivo. Las comprobaciones sobre el de Josefa Hernández no estaban listas para la reunión del 10 de julio, por lo que se estudiará, junto a otros expedientes, este viernes.

El indulto fue confirmado el martes pasado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 24 horas después de que «la abuela de Fuerteventura», de 62 años, ingresase en prisión, pese a su delicada situación, al ser único sostén de dos hijos -uno discapacitado- y tres nietos.

Tendrán una casa

Mientras tanto, en Canarias se agilizaron los procedimientos para conseguirle un techo a la familia, al menos para que tengan dónde ir en el momento que salga de la cárcel, toda vez que están obligados a tirar abajo toda la casa o parte de ella, como cumplimiento de la condena.

El gobierno canario ofrecerá una casa en Puerto del Rosario de manera temporal a esta familia hasta que se busque una solución que se intentará que sea en su localidad, Betancuria, según anunció la viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena.

La viceconsejera viajó hasta Fuerteventura con una propuesta «concreta e inmediata»: la de ofrecer a la familia de Hernández una casa propiedad de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias (Visocan) que cuenta con tres dormitorios.

Asimismo, insistió en que la cesión de este piso «no conllevará que se vean perjudicadas las personas que están en la lista de demandantes de vivienda social». Mena ha explicado que se trata de una «solución lo más ágil posible» y que garantizará que, en ningún caso, la familia de Josefa Hernández «quede en situación de desamparo», a la vez que ha recordado que ese ha sido «el compromiso de las instituciones canarias desde el primer minuto».

Si finalmente los hijos de Josefa aceptan la propuesta, la mudanza sería cuestión de días, porque «es solo conectar el agua y la luz», indicó la viceconsejera. En un futuro se espera que la familia pueda volver a vivir en la vivienda que Josefa Hernández heredó de sus antepasados en la zona de Campo Viejo, en Betancuria y cuya ampliación fue motivo de una sentencia de 2012 del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario. En ella, se ordenaba su demolición, pagar 720 euros (ya abonados) y cumplir una condena de seis meses de prisión.