Justificaciones y auditorías de cursos

CON motivo de la tan peculiar campaña para las elecciones andaluzas, ha salido un poquito a la palestra y con casi nula repercusión electoral el feo asunto de los cursos de formación y sus obvias corruptelas, que aún hay quien las califica de «presuntas» amparándose en que una cosa es la certeza de las cosas y otra bien moldeable y pasteleable es la verdad jurídica, máxime cuando se trata de juzgar a políticos o sindicalistas, algunos de los cuales gozan de bula progresista y han acumulado dinero «para asar una vaca», claro signo externo de riqueza donde no haya ciegos o tuertos investigando, o no, apostillaría Rajoy.

En Canarias hemos tenido, padecido diría yo, el caso Icfem, que tras 20 años de instrucción y muchísimo más de los 10 millones de euros que aparecen en la instrucción en paradero desconocido, no perdidos como algunos dicen, se ha cerrado en falso.

Al margen de las responsabilidades de los imputados, absueltos el pasado octubre, no se ha juzgado el fondo del asunto, que no es otro que la pésima utilidad social de los fondos gastados en la mal llamada formación ocupacional. Así lo señaló nítidamente el fiscal, con nulo éxito por cierto, tal vez porque los que se sentaban en el banquillo no eran y los que sí eran no estaban allí.

Esa formación, en manos de patronales y sindicatos, es muy dudoso que forme a nadie, aunque para darle un aire de hipócrita respetabilidad se haya incluido dentro de eso que han dado en llamar políticas activas de empleo en las negociaciones para la concertación social. De empleo para los parados, salvo alguno que otro colocado temporalmente en el sector público para justificar, muy poco. De utilidad para los agentes sociales, sin duda mucha, al permitirles financiar medios materiales y humanos para el funcionamiento de sus estructuras sindicales, patronales y otras de parecido tenor, adheridas todas a la mamandurria pública.

Susana Díaz ahora, mañana todos los demás, cuando les toque pedirnos el voto y al tratar este asunto, se justificarán diciendo que se establecerán los mecanismos de justificación y auditorías para controlar esos cursos. Y eso es posiblemente absolutamente cierto si se trata de aspectos formales, pero una falsedad monumental en el ámbito formativo y de aplicación de los fondos públicos. Se auditan las facturas, en lo relativo a si los conceptos que aparecen en ellas se adecuan a la normativa. Pero es imposible saber si esos materiales realmente se han adquirido y se han empleado en lo que deberían haberse empleado. Con frecuencia las facturas dicen una cosa y la realidad del «suministro» ha sido otra. Tampoco se puede saber, aunque probablemente no sea un delito, si un profesor ha «donado» una parte sustancial de los honorarios que ha firmado haber recibido, sin dejar constancia de tal generosidad. Ni tampoco se puede comprobar la veracidad de las listas de asistencia a las clases de los alumnos, meses después de finalizar el curso. En resumen, justificar y auditar formalmente es posible, pero que eso responda a la realidad y a la necesidad social es otra cosa. Ya el mismo fiscal Luis del Río señaló que en el caso Icfem «se burló el interés social del fondo para formación, concediendo subvenciones con escaso o nulo control de su utilidad».

Toda esta palabrería huera de políticos y agentes sociales parece colar porque estamos en una sociedad desconcertada, sin valores éticos ni referentes claros y veraces, a lo sumo fuegos de artificio mediáticos, como muy bien señalaba Antonio Salazar en su artículo «Desnortados» (ABC del 31-03-2015). Un ilustre profesor y amigo del alma, Domingo Hernández Peña, comentaba que su abuelo solía decir en la Lanzarote de principios del siglo pasado que la felicidad se alcanza viajando siempre hacia el norte. Pero para eso es necesario tener una brújula con fundamento, y eso, en la Canarias actual, es gofio de otro zurrón.