El desvío de fondos de formación llega en Canarias a 500.000 euros

La denuncia del Tribunal de Cuentas de los incumplimientos en el empleo de las subvenciones para formación también alcanza a Canarias. En concreto a los consejos territoriales de Tenerife y Las Palmas de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), que subcontrataron a terceras empresas (incluida una filial de la propia FLC) de forma tal que despertó las sospechas del órgano fiscalizador. Son cerca de medio millón de euros, como mínimo, los que están en entredicho.

El informe que el Tribunal de Cuentas fechó el último octubre analiza a fondo cómo la CEOE, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, UGT, CC.OO., la Fundación Laboral de la Construcción y la Federación Nacional de Clínicas Privadas emplearon las subvenciones estatales para el desarrollo de planes de formación.

La exposición se circunscribe a las ayudas del ejercicio de 2010 y, en lo tocante directamente al Archipiélago, a 474.806 euros de los fondos que recibieron entonces los dos consejos territoriales de la FLC en la región. El total, por tanto, incluso podría ser superior.

El órgano fiscalizador del Estado explica que la FLC contrató de forma directa, es decir, sin pedir los tres presupuestos que requiere la ley general de subvenciones, por un montante de «al menos» 12,2 millones de euros. De esa cantidad, el Tribunal de Cuentas atribuye poco menos de 385.000 euros (exactamente 384.339) a los consejos territoriales de la fundación en Tenerife y Las Palmas. Las contrataciones directas sumaron en el caso del consejo de Tenerife 281.007 euros; en el del centro de Las Palmas llegaron a 103.332 euros. Para llevarlas a cabo, la FLC se ampara o se amparaba en una disposición de la ley «para la mejora del crecimiento y del empleo», disposición que permite contratar directamente, en el ámbito de la formación, siempre que se «justifique de modo razonado que la elección del proveedor responde a los criterios de eficacia y economía». Y ocurre que el Tribunal de Cuentas no considera suficientemente razonadas las contrataciones en que se gastaron esos más de 12,2 millones (casi 385.000 euros en las Islas), de modo que avisa que ese modus operandi «pudiera atentar contra los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y eficiencia en la utilización de los recursos públicos».

Además, el órgano estatal reparó también en que los dos consejos territoriales de la FLC en Canarias habían imputado 90.467 euros a gastos de una empresa filial de la fundación. Esta filial obtuvo en total, de los 17 consejos, más de 2,8 millones de euros «sin la adopción de unas garantías mínimas que permitieran verificar que la contratación se realizó a precios de mercado». No en vano, la empresa en cuestión participó en las tareas formativas sin necesidad de competir previamente, habida cuenta de que la fundación tampoco esta vez solicitó los preceptivos tres presupuestos. El tribunal dice que tan solo se redactó una «memoria explicativa».