Dos salidas

Muchas personas hacen una defensa apasionada del Estado del Bienestar, pero luego están dispuestas a abonar una cantidad extra por llevar a sus hijos a una escuela privada o mejorar su rendimiento escolar mediante profesores particulares, pagar por la sanidad para evitar largas colas y conseguir una atención digna. Incluso nadie en su sano juicio confiaría su vida de jubilado a la magra pensión que el estado (minúscula deliberada mientras la RAE no considere que también individuo habrá de llevar mayúscula) ha gestionado en su lugar. Estas son reacciones perfectamente racionales, divergencias entre aquello que se dice se prefiere y la preferencia demostrada.

Sabemos que existe una bolsa de fraude importante y que ni siquiera los excelentes medios de los que dispone la Agencia Tributaria y los extraordinarios incentivos con los que cuentan sus funcionarios son del todo eficientes.

Si lo que le resulta propio a la burocracia —recaudar impuestos— es gestionado de manera deficiente parece que la pregunta resulta pertinente: si todo aquello que hemos dejado en su manos funciona de la forma en que lo hace y obliga que para nuestra tranquilidad acudamos a la instrucción, sanidad o planes de pensiones privados, ¿por qué habríamos de creer que mañana los aeropuertos estarían en mejores manos si se los apropiasen nuestros políticos?

Es la parte más curiosa del debate que hemos vivido en los últimos tiempos y en el que apenas se ha reparado. Nos pasamos el día discutiendo sobre quién tiene qué competencias y apenas si prestamos atención a su gestión. Tampoco en lo que resultaría sustantivo en una sociedad que aspire a recuperar las mayores cotas de libertad posible y que desde luego no pasa por el aumento sistemático del tamaño de un gobierno metomentodo con cada vez mayor capacidad de coacción sobre los ciudadanos, mandando mucho sobre un número enorme y creciente de asuntos, disminuyendo con ello el campo sobre el que actuar por los particulares individuos.

Una sociedad, en definitiva, donde el gobierno es mucho más parte del problema que de la solución, donde progresivamente se ha ido sustituyendo la iniciativa privada por el poder político sin que este tenga los conocimientos, la información y los incentivos necesarios para su correcto funcionamiento. Eso ya nos conduciría al caos por mera definición, mucho más si pensamos en quiénes gobiernan y en aquellos que aspiran a sucederles. De aquí hay dos salidas, por mar y por aire, al menos por el momento.