Diez años y multa de 25 millones por traficar con cocaína desde Canarias

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a diez años de prisión y al pago de una multa de casi 25 millones de euros a dos traficantes que tenían en Gran Canaria uno de sus puntos de reunión. En noviembre de 2013, cuando el yate en que viajaban fue interceptado en alta mar, transportaban más de 550 kilos de cocaína. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la agencia británica SOCA («Serious Organised Crime Agency») ya venían siguiéndoles la pista desde años antes.

Los dos traficantes (uno súbdito de Francia y el segundo natural de León, aunque frecuentemente usaba otro nombre y un falso pasaporte francés) se reunieron en Gran Canaria el 4 de octubre de 2013.

Ese día decidieron trasladar el yate del puerto de La Luz y de Las Palmas, en la capital insular, a la localidad de Puerto Rico, en el municipio sureño de Mogán, de donde partirían el 11 de noviembre. Entonces la operación «Martirium» ya se había puesto en marcha: el 20 de noviembre, la Policía Nacional localizaba la embarcación en un punto a 840 millas al suroeste de Gran Canaria. Dos días más tarde, los ahora condenados pusieron rumbo Europa continental; el 29 de noviembre, efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), con el apoyo del buque de la Armada «Rayo», abordaron al yate de los traficantes, en que encontraron más de media tonelada de cocaína (exactamente 554,5 kilos). Tal como consta en la sentencia de la sala de lo Penal de la AN, sentencia fechada el 19 de diciembre y a la que ha tenido acceso ABC, el valor de la droga en el mercado negro habría llegado a más de 24,7 millones de euros, cantidad que los magistrados han impuesto de multa a los dos reos, amén de la pena de diez años. El castigo coincide, por tanto, con lo solicitado por el Ministerio fiscal.

Cuando tuvo lugar la interceptación del yate, que con la droga fue llevado hasta el puerto de La Luz y de Las Palmas, la Policía Nacional y la SOCA llevaban alrededor de tres años de investigación. «Detrás de este barco llevábamos más de tres años. Lo hemos seguido por puertos de Europa y por distintos puertos de Suramérica y lo hemos seguido aquí [en Canarias] hasta que hemos llegado a la conclusión de que estaba cargando la mercancía y hemos actuado», explicó entonces el comisario Francisco Migueláñez, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía.

La embarcación en cuestión, un yate-velero de bandera del Reino Unido, domiciliada en Gibraltar, propiedad de la empresa Alderbrook Service Limited (en cuyo organigrama figuraba como administrador el súbdito francés) y bautizada con el nombre «Tritón 2000», estaba bajo vigilancia, en concreto, desde 2010. Fue ese año cuando se comenzó a investigar la posible existencia de una banda hispanofrancesa para introducir coca en la Península, también en Portugal, por medio de un yate de vela: el «Tritón 2000». Una primera investigación se había cerrado en balde, pero un soplo del SOCA británico a la Policía permitió a un juzgado de Denia (Alicante) abrir una segunda. La agencia informó a las autoridades nacionales de que el «Tritón 2000» arribaría al puerto de Jávea con un cargamento de droga. Ese fue el origen de la operación «Martirium», que terminaría en las detenciones de los traficantes en alta mar tras partir de Mogán.

Las defensas de los condenados solicitaron en el juicio su libre absolución sobre la base de que las escuchas telefónicas que se habían autorizado en el curso de la investigación no estaban justificadas. La sala no acogió ni este ni el resto de los argumentos de los abogados.