Las ayudas sin pagar de años anteriores reducen las altas de beneficiarios de la PCI

La tramitación de las solicitudes para percibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI) supone una espera muchas veces en balde, incluso cuando el solicitante tiene derecho a cobrarla. La falta de fondos origina que cada año se cierre el ejercicio presupuestario con ayudas sin pagar, de modo que el dinero que el Ejecutivo regional consigna para la PCI para el siguiente año ha de emplearse primeramente en esas personas que están pendientes.

Ello implica una reducción de las altas efectivas de beneficiarios en el ejercicio en cuestión, pues parte de los fondos tiene que gastarse en desatascar expedientes, parte, por tanto, que no podrá utilizarse para nuevos solicitantes. Al año siguiente, pues, volverá a ocurrir lo mismo: es la pescadilla que se muerde la cola.

La Audiencia de Cuentas, en el «Informe de fiscalización de la gestión de las ayudas enmarcadas en la Prestación Canaria de Inserción (PCI), período 2011-2013», informe que el órgano que preside Rafael Díaz Martínez aprobó el 19 de diciembre y al que ha tenido acceso ABC, exhorta al Gobierno autonómico a acabar con la situación en que quedan esas personas que tienen derecho a percibir la PCI y que no lo hacen por esa falta de dinero que se repite cada año.

Una situación, la de «prebastanteo», tal es su nombre, que carece de regulación específica y que aunque no supone «una obligación de pago en sentido estricto», puntualiza el ente fiscalizador, sí «consume al inicio del siguiente ejercicio parte del crédito presupuestado, por lo que el presupuesto vuelve a ser insuficiente».

Además, el importe de los expedientes que quedan en situación de «prebastanteo» no se tienen en cuenta para los presupuestos del año que sigue, ya que estos se redactan con anterioridad al cierre del ejercicio. En consecuencia, no se sabe cuánto dinero del que se consigne tendrá que gastarse en pagar subsidios que, por lógica, debieron abonarse un año antes, habida cuenta de que el objetivo de la PCI es paliar la coyuntura que sufren personas en exclusión social o en riesgo de padecerla, con las premuras que ello implica.

La Audiencia de Cuentas pone el ejemplo de lo sucedido en enero del año pasado. Entonces, la mayor parte de las altas fue por expedientes en «prebastanteo» de 2013, «de lo cual se deduce que parte del crédito presupuestado en 2014 (23 millones de euros) fue consumida por el importe de las solicitudes presentadas y valoradas favorablemente en 2013». Unas solicitudes que «no dispusieron de crédito suficiente en ese ejercicio para darles cobertura» y que el ente fiscalizador calcula en casi 3,5 millones de euros.

El último 8 de octubre, el Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas a la Integración ya vaticinó que los fondos destinados para la prestación en 2015 tendrían que sufragar alrededor de 2.900 solicitudes de ese año (2014), de las cuales 1.600 serían nuevas concesiones y el resto, 1.300, renovaciones.

Demoras por falta de dinero

En definitiva, tal como explica la Audiencia, estas demoras obedecen a la falta del dinero necesario en cada uno de los ejercicios, una escasez que, según expone el susodicho informe, se repite continuamente. Hay que recordar en este punto que Nueva Canarias propuso hace solo días que la cantidad consignada en las cuentas de este año para la PCI se aumente hasta 50 millones de euros, esto es, 22 millones más que lo anotado por el ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario.

No en vano, «la dotación presupuestaria no fue suficiente en estos ejercicios (en el período 2011-2013) para hacer frente al pago de la ayuda económica para la totalidad de las solicitudes valoradas favorablemente».

El informe de la Audiencia pone también de manifiesto una larga serie de problemas en la tramitación de las solicitudes, desde los problemas que tiene la aplicación informática en su configuración hasta incumplimientos de los plazos establecidos para dar respuesta, pasando por carencias de información en la labor de los ayuntamientos, que llevan el peso de la tramitación junto con la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige la nacionalista Inés Rojas.

También destaca la institución las notables diferencias de carga de trabajo en los distintos departamentos municipales que se encargan de la PCI, hasta el punto de que hay consistorios en que el escaso número de solicitudes hace que los funcionarios desempeñen otras tareas.