El presidente del Cabildo de Fuerteventura, el nacionalista Mario Cabrera, detractor de las prospecciones
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, el nacionalista Mario Cabrera, detractor de las prospecciones - ACFI PRESS
POLÍTICA

El Cabildo de Fuerteventura cree que el anuncio de Repsol es una estrategia «electoral y comercial»

Mario Cabrera dice que la perforación del segundo pozo «es una obligación, si no perderían las autorizaciones», y asegura de fuentes extraoficiales que sí puede haber una bolsa de gas «importante»

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El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, considera que el anuncio de Repsol de que descarta la extracción de hidrocarburos es en realidad una estrategia «electoral y comercial». El dirigente insular ha asegurado este viernes que el Ministerio de Industria «prepara la vuelta de Repsol» a Canarias a partir de junio, una vez superadas las próximas elecciones de mayo.

Cabrera, por medio de un comunicado, ha argumentado que el precio internacional del petróleo y la oposición mayoritaria de la sociedad canaria «aconsejan al PP y a Soria que, por cálculos electorales, se deben paralizar los trabajos y silenciar todo hasta que pasen las votaciones autonómicas del mes de mayo».

El presidente del Cabildo ha asegurado que hay informaciones aportadas a colectivos sociales e instituciones canarias de forma extraoficial por colaboradores que trabajan en el Ministerio de Industria que «aclaran que se puede haber localizado una bolsa de gas importante cuya explotación sí sería rentable ahora para la multinacional».

«Por eso quieren volver en verano, una vez pasadas las elecciones locales. No podemos permitirlo, Industria debe caducar las licencias ya», ha reclamado.

Además, Cabrera ha recordado que la actual concesión que tiene Repsol es por un periodo de tiempo de tres años y «obliga», ha dicho, a realizar dos perforaciones distintas. «Pero está bien claro que, de acuerdo con esta autorización del Ministerio de Industria, la perforación del segundo pozo no es una posibilidad, es una obligación, si no perderían las autorizaciones y serían sancionados por el Gobierno», ha afirmado.

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