El Gobierno canario modifica la ley turística y admite, bajo requisitos, hoteles nuevos

El consejo de gobierno regional ha aprobado este jueves una modificación de la Ley de Renovación y Modernización Turística con el fin de que se puedan construir hoteles de nueva planta no ligados a la rehabilitación y sin que tengan la categoría de cinco estrellas, pero con nuevos criterios vinculados a la eficiencia y la calidad.

Así lo ha expuesto en rueda de prensa el consejero regional de Política Territorial, Domingo Berriel, que ha avanzado que el anteproyecto de ley se remitirá al Consejo Consultivo por la vía de urgencia para que en un plazo aproximado de 15 días vuelva al Ejecutivo, se apruebe como proyecto de ley y pueda ser debatido en el Parlamento, preferiblemente bajo la modalidad de lectura única.

Barriel ha señalado que la medida afecta a hoteles de cualquier categoría, no solo de cuatro estrellas, pero ha aclarado que su construcción tendrá que realizarse, en todo caso, en suelo urbano turístico y que, además, ya esté urbanizado. El consejero ha agregado que los nuevos criterios se desarrollarán a través de un nuevo reglamento, cuyos parámetros incidirán principalmente en el ahorro energético y la calidad de los servicios del complejo. Además, ha señalado que si esos criterios se incumplen supondrá un «quebranto» para el interés general turístico, y los promotores pueden incurrir en faltas muy graves que conllevan sanciones de entre 3.000 y 300.000 euros y, en caso de reiteración, hasta la clausura de la actividad.

Hasta que se elabore el nuevo reglamento, estará en vigor un régimen transitorio que expone que cualquier autorización previa que vaya a otorgar un cabildo debe contar con una autorización del Gobierno regional, para que analice en profundidad los criterios del nuevo proyecto con el fin de que sea «ecoeficiente y excelente».

Según Berriel, esta modificación «colma» las aspiraciones que habían planteado determinados colectivos, instituciones y partidos políticos (especialmente desde Gran Canaria) y «no desvirtúa» los principios de la ley, cuyo modelo de rehabilitación camina «a pasos firmes».

Sobre las presiones recibidas por el Ejecutivo autonómico, ha señalado que este «tiene su ritmo» y no permite que «nadie» lo marque, y ha recordado que había un compromiso para revisar la ley y se ha hecho cuando ha sido «necesario» y todo ha estado «claro». «El ruido ambiente no le interesa al Gobierno», ha sentenciado.