Transparencia

Que los cuatro principales ayuntamientos canarios se encuentren entre las escasas corporaciones municipales que aprueban en términos de transparencia no es casualidad. Seguramente se deba a que cuentan con más medios para llevar a cabo la misión de informar a sus ciudadanos de los pormenores de su gestión, presupuestos incluidos. No obstante, resulta del todo preocupante que en el año 2015 sólo 82 de los 88 ayuntamientos del Archipiélago aprueben el informe de transparencia realizado a través de un estudio universitario, cuyos resultados publicaba este diario días atrás.

Que informar, como todo, requiere medios humanos y tecnológicos, y por lo tanto económicos, resulta una obviedad, y acaso esa sea una de las principales razones para que los gestores municipales hayan dejado de lado la obligación de mantener al día a los votantes de todo lo que se cuece en el gobierno del municipio.

Pero se trata de una cuestión de prioridades, de que esos mismos gestores se convenzan de una vez por todas de que la transparencia no es un capricho, sino una necesidad, el paso indispensable para que los ciudadanos recuperen la confianza en la labor de quienes velan por los intereses comunes.

Y es que la transparencia, históricamente poco arraigada en la vida política española, se ha tornado en una de las señas de identidad del buen gobierno, porque el buen gobierno no puede serlo sin una fiscalización permanente por parte de los vecinos.

En plena era de las comunicaciones, con internet mandando en los usos y costumbres de la población, depositar la responsabilidad del control de las instituciones solamente en los partidos de la oposición y en los medios de comunicación resulta, cuando menos, anacrónico.

El ciudadano se ha acostumbrado a consultar directamente las fuentes informativas, incluso a ser parte activa mediante la expresión de sus opiniones. Los ayuntamientos, y por ende el resto de las administraciones, no pueden ni deben recluirse en prácticas más propias de décadas pasadas que de una sociedad en la que el ciudadano ha adquirido un mayor y creciente protagonismo.

Las administraciones, las municipales y las restantes, deben aprender a diferenciar entre propaganda e información y a utilizar todos los medios tecnológicos a su alcance para dar a conocer a los administrados las decisiones que se toman y qué se hace con el dinero de todos. Con premura y sin excusas. Con la convicción de que la transparencia es uno de los pilares de la democracia, porque nunca deben olvidar que quienes votan son los jefes, y a los jefes hay que darles cuenta de las cosas que se hacen. De las buenas y de las malas. Incluso de aquellas que pueden restar votos.