Corrupción con jamones como materia prima

Creación de una sociedad para descapitalizar el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) «Jamón de Teruel» y eludir los controles de ese órgano sobre las cuentas de esa entidad de derecho público; pago sistemático de sobresueldos y donativos sin justificar; uso de dinero del ente para pagos presuntamente privados de responsables del Consejo y personal de dirección; ilegalidades en la gestión contable... Es parte de la larga lista de indicios de delito penal que el juez del caso «Jamón de Teruel» ha detectado durante la investigación abierta hace más de un año que se ha saldado con una veintena de imputados.

Ahora acaba de ver la luz un nuevo auto, dictado por el juez de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano de Lasala, en el que desgrana todos esos indicios de delito y justifica que se siga adelante con la instrucción judicial y con las imputaciones por este caso que saltó tras las denuncias realizadas en su día por otros miembros de la Denominación de Origen.

La trama que se investiga se centra exclusivamente en la gestión económica del órgano rector de esta Denominación de Origen, en ningún caso de actividades anómalas por parte de los ganaderos o secaderos que comercializan sus productos al amparo de este sello de calidad.

En esencia, el caso se sustancia en dos grandes áreas de acusación: la gestión anómala del Consejo Regulador y de la sociedad paralela que creó, Promorigen, controlada al cien por cien por el órgano rector de la D.O.; y desvío de fondos del Consejo Regulador, con Promorigen como canal instrumental para ello, en beneficio de responsables de dicho órgano y de personal directivo. Todo ello ocurrido entre los años 2009 y 2013.

El juez Cano de Lasala concluye que hubo una «manifiesta corruptela instaurada en el seno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (CRDO) y de Promorigen S.L., plasmada en sobresueldos y donativos». Todo ello a través de una sociedad, Promorigen, que desde su creación hasta su disolución estuvo sistemáticamente en pérdidas y en causa de quiebra, esquivada también sistemáticamente por continuas transferencias de capital a costa de los fondos del Consejo Regulador. «Si una entidad tiene pérdidas, lógicamente no paga sobresueldos ni da donativos», destaca el juez en su último auto.

Ilegalidades

El magistrado no tiene duda al respecto: Promorigen «fue creada para generar sobresueldos, descapitalizar al CRDO y eludir su control mediante la figura del consejero delegado».

A la par, al menos entre 2009 y 2011 se ha detectado que el CRDO –entidad de derecho público– no llevaba una contabilidad reglada; nunca legalizo sus libros de contabilidad; «no existe ni una sola acta de Promorigen», cuyo órgano de administración –según el juez– hizo gala de una «absoluta falta de transparencia». Y Promorigen «era una empresa siempre en pérdidas, totalmente insolvente y en causa de disolución» que, eso sí, pese a ello servía para abonar sobresueldos «camuflados» a miembros del Consejo Regulador de esta D.O. que, al mismo tiempo, formaban parte del consejo de administración de Promorigen.

La veintena de imputados abarca a personas que en esos años fueron miembros del Pleno, presidente, vicepresidente, director gerente y secretario del CRDO «Jamón de Teruel», así como al Consejo de Administración y personal de alta dirección de Promorigen, sociedad que –usada instrumentalmente desde el Consejo Regulador– «acometió operaciones ruinosas a sabiendas».

Larga lista de irregularidades

Entre la larga lista de irregularidades detectadas por el juez que lleva el caso se apuntan un adelanto de nómina de 7.000 euros que nunca fue reintegrado, gastos sin justificar con tarjetas de crédito a cargo de las entidades investigadas, adquisición de material en beneficio de algunos de los imputados, y compras de combustible sin justificar que sumaron un importe total de 34.442 euros.

La investigación también ha detectado que uno de los imputados, haciendo uso de una tarjeta de crédito de Promorigen, en menos de diez días –del 9 al 17 de septiember de 2009– realizó extracciones en cajeros automáticos que sumaron 28.283 euros, que también están bajo sospecha en el sumario.

Asimismo, el juez considera que, por lo ocurrido, también pudo incurrir en responsabilidad penal la gestoría que trabajaba para el CRDO y Promorigen, «Gestorías Reunidas».