El Gobierno central da continuidad al trasvase Tajo-Segura hasta 2021 y desoye a García-Page

El Gobierno central ha dado continuidad a los trasvases del Tajo al Segura para los próximos seis años en contra de las pretensiones de los dirigentes castellano-manchegos, que ayer mismo siguieron presionando en Madrid para buscar un «plan B» de alternativas para suspender definitivamente estos envíos de agua al sur.

No obstante, el Consejo Nacional del Agua ha aprobado los diez planes de cuenca para el periodo 2015-2021 con la premisa de que se mantienen estas transferencias y también que se trata de una cuestión de Estado, por lo que la decisión de su volumen y cuándo se autorizan seguirán estando en manos del Gobierno central y no de las confederaciones hidrográficas ni los gobiernos autonómicos.

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, regresó «decepcionada» de su reunión con la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, por su «falta de empatía» a la hora de cambiar la situación en el Tajo-Segura, según su valoración.

En especial, a la dirigente manchega le cayó como un jarro de agua fría esa continuidad del trasvase, que siga siendo competencia estatal y, además, la confirmación por boca de la ministra de que la reserva mínima que impediría los trasvases es de 304 hectómetros cúbicos este año. Sobre este dato, opinó que la ministra se escudó en una «maraña legal».

También había solicitado formar parte de la Comisión de Explotación del trasvase, con el fin de conocer «inmediatamente» cuándo se producen los envíos, pero se encontró con una negativa ante esta petición. Acerca de ese «plan B», su sugerencia era el uso de las desaladoras, lo que tampoco ha suscitado apoyo ministerial.

También del Júcar

La escasez de recursos en el Segura ha llevado también a que desde el Ministerio se haya recurrido a los regantes usuarios del Júcar, quienes han accedido a trasvasar caudales a sus homólogos del sur.

En concreto, se está trabajando con la hipótesis de enviar 10 hectómetros cúbicos con los que hacer frente a esta situación de emergencia, constatada asimismo en el informe del Consejo Nacional del Agua, donde se valora como un déficit ya estructural.

Los últimos aportes desde el Tajo, además, se han reducido en volumen, lo que ha agravado el panorama, una merma de recursos que se pretende ahora compensar desde el Júcar.

Desde el Gobierno central se buscan otras soluciones para paliarlo, como abaratar el precio del agua desalada hasta los 45 céntimos por hectómetro, menos de la mitad de su coste, si bien queda todavía casi al doble del que pagan por el agua trasvasada. Esta vía también entraña otro inconveniente, en este caso, no para la agricultura, sino para la población, ya que la Mancomunidad de Canales del Taibilla, que abastece a 79 municipios (35 alicantinos) y una población de más de dos millones de habitantes, tendría que incrementar las tarifas para los hogares. Otra medida de emergencia puesta en marcha es el uso de pozos de sequía, mientras los regantes miran al cielo por las previsiones meteorológicas de lluvias inminentes.