Pelayo: «Los asesores han supuesto un daño económico para el Ayuntamiento»

Mientras las partes afectadas decidieron guardar silencio, ayer fue la alcaldesa jerezana quien, ante preguntas de los periodistas, se refirió a este asunto tras la petición por parte de la Fiscalía del archivo de las actuaciones contra Pilar Sánchez en el caso de los asesores. Aunque al principio prefirió no lanzarse a «entrar en estas cuestiones, donde hay que tener paciencia y confiar plenamente en la Justicia», María José García-Pelayo no pudo reprimir finalmente su deseo de que haya «explicaciones políticas» al margen de lo que se decida en los tribunales.

«De una vez por todas hacen falta explicaciones políticas y las echamos de menos», ahondó la regidora jerezana. La alcaldesa se justificó en el daño económico que para el Ayuntamiento de Jerez y el bolsillo de los ciudadanos ha supuesto el caso de los asesores, la guerra que desde hace tres años enfrenta a Pedro Pacheco y Pilar Sánchez en los juzgados con, de momento, desigual resultado.

Una vez que la Fiscalía ha señalado que no ve delito por parte de la exalcaldesa, solicitando el archivo del caso, García-Pelayo no olvida que «lo cierto es que al final ahí ha habido un daño económico para el Ayuntamiento, por qué no decirlo». Se refiere por ejemplo al caso de los asesores contratados por el PSOE, «que fueron 32 y tenían un coste anual de 1,2 millones de euros», haciendo referencia también «al caso de los dos contratados por el Foro», en alusión al líder de la formación, Pedro Pacheco.

«Estamos hablando de personas que cobraron de fondos públicos», recalcó la primera autoridad municipal. «A mí eso es lo que me preocupa, la responsabilidad de cara a un dinero que es de todos los ciudadanos, por lo que creemos que al margen de la explicación jurídica, hace falta la política».

A quién sí ha llevado oxígeno la petición de archivo de las diligencias es a los imputados en el llamado caso de los asesores, que ayer declinaron realizar declaraciones al respecto porque aún falta conocer el pronunciamiento final de la magistrada, pero que no pudieron dejar de reconocer que se sentían satisfechos por que «las tesis del Ministerio Fiscal ahondan en nuestros argumentos» y refuerzan que no se cometió ningún delito con la contratación de asesores.

Según ha podido saber este medio, lo que esperan ahora los encausados en este proceso abierto por la denuncia de Pedro Pacheco es que el archivo de las diligencias sea firme lo antes posible, aunque varios de ellos lamentaron que «cuando eso ocurra ya se habrá hecho un daño irreparable», al tiempo que recordaron que hace ya nada menos que tres años que sus nombres saltaron a la palestra pública asociados a unos hechos delictivos.

Algunas de las fuentes con las que pudo contactar ayer este medio también pusieron de relieve que lo increíble es que estos hechos llegaran a los tribunales, sobre todo al tratarse de la contratación de personal de confianza, un proceso normalizado en casi todas las administraciones e instituciones del Estado y que, como recalcaron, puede ser más o menos cuestionable pero nunca punible.

Como es sabido, el fiscal ha solicitado el archivo de las diligencias abiertas contra Sánchez por supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación irregular de cinco compañeros de partido en el 2005.

Concretamente, el fiscal ha solicitado el archivo de las diligencias contra Pilar Sánchez, actual secretaria general del PSOE de Jerez , y de otras seis personas, cinco compañeros de partido que nombró como asesores cuando era regidora y un alto cargo del servicio municipal que tramitaba las contrataciones. Según adelantó en su edición de ayer LA VOZ en exclusiva, el fiscal no observa conducta imputable a Pilar Sánchez porque, a su juicio, no participó directamente en el proceso de selección de las personas contratadas y, aunque lo hubiera hecho, debería haber adoptado una decisión contraria a Derecho para incurrir en un delito de prevaricación y, en su opinión, no es el caso ya que los contratos se ajustaron a la figura de personal eventual de confianza de la Ley de Bases de Régimen Local.

La solicitud del fiscal de archivo de las diligencias se produce dos semanas después de que el juzgado de instrucción número 3 de Jerez emitiera un auto en el que imputaba por delitos de prevaricación y falsedad documental a la exalcaldesa y a las otras seis personas y en el que pedía al Ministerio Público que en el plazo de diez días solicitara la apertura de juicio oral.

En aquel auto la jueza explicaba que de la investigación llevada a cabo se deducen indicios de que Pilar Sánchez, aprovechándose de sus facultades como alcaldesa, ordenó «la contratación de determinadas personas afines política o personalmente» sin que se cumplieran «los requisitos legalmente exigibles».

La causa parte de una querella presentada en 2009 por Pacheco, que respondió así a la tramitada por la propia Sánchez ante Anticorrupción por la contratación como asesores de José López y Manuel Cobacho. Por estas contrataciones, el Ministerio Fiscal solicita hasta 17 años y medio de prisión para Pacheco. En declaraciones a Efe, Felipe Meléndez, abogado de Pedro Pacheco, criticó que el fiscal haya solicitado el archivo de las diligencias contra Sánchez cuando, durante el proceso, «no practicó ninguna diligencia», mientras que para el también exalcalde de Jerez ha pedido más de 17 años de prisión.