Ramón Pérez-Maura - HORIZONTE
Cuando la Justicia contradice a la CNN
Ya antes de que Robert Mueller y su equipo empezaran su investigación sabían que no había una confabulación rusa con la campaña de Trump
Quizá algunos lectores recuerden cómo poco después de las elecciones norteamericanas de 2016 se acusó a Donald Trump de haber recibido ayuda de Rusia en su campaña contra Hillary Clinton. Aquello motivó el nombramiento de un fiscal especial, Robert Mueller, antiguo director del FBI, al que designó para el cargo su sucesor James Comey. El fiscal especial procesó en febrero de 2017 al consejero de seguridad nacional, el general Michael Flynn, que tuvo que dimitir de su cargo veintiún días después de ser nombrado. El pasado jueves, la causa contra Flynn fue archivada. Pero su honor fue destruido y eso ya no tiene arreglo. El New York Times y la CNN trataron el asunto con unos despliegues inigualables y los medios de comunicación del mundo entero les siguieron mansamente. Ahora cuesta encontrar en ningún medio español la más mínima referencia al archivo del caso.
La confabulación rusa ha quedado en absolutamente nada, pero en plena campaña electoral en Estados Unidos no conviene hablar mucho de ello. Al día siguiente de llegar al cargo, Flynn recibió en la Casa Blanca la visita de dos agentes del FBI que lo interrogaron sin haber avisado antes al equipo legal de la Presidencia. Ahora ha quedado claro que ese interrogatorio «no se realizó sobre la base de una investigación legítima». En el archivo de la causa se establece que en 2016 el FBI ya había estudiado el caso y concluido que Flynn no se había confabulado con Rusia. El director del FBI, James Comey, había recibido enormes presiones después de que meses antes, durante la campaña electoral y a dos semanas de la votación, decidiera reabrir una investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. El equipo de la candidata dijo que eso le costó la elección. No parece descabellado imaginar que su decisión de mostrar una dureza injustificada con los más altos cargos de la administración Trump fuera para compensar. No por razones objetivas.
El fiscal especial Mueller conocía todas las pruebas o más bien la falta de ellas y aún así decidió proceder. El mandato que le dio el vice fiscal general Rod Rosentein, el 2 de agosto de 2017, no era sólo el de investigar delitos sino «cualquier vínculo y/o coordinación entre el Gobierno de Rusia e individuos asociados con la campaña del presidente Donald Trump». Por algo no se hizo público. Se autorizaba a investigar causas que ya habían sido descartadas. Y otras surgidas de un informe redactado por la campaña de Hillary Clinton. Ya antes de que Robert Mueller y su equipo empezaran su investigación sabían que no había una confabulación rusa con la campaña de Trump. James Comey sabía que sus errores iban a conocerse muy pronto y filtró un memorando de una conversación con el presidente Trump en febrero de 2017 en el que éste le habría pedido que cerrase la investigación a Michael Flynn. Eso facilitó el nombramiento de Mueller. El equipo de Mueller se pasó dos años investigando y hoy sabemos que toda la causa de la confabulación rusa en la elección de 2016 fue ilegítima y simplemente una acusación con trasfondo político y no legal. Hemos tenido conocimiento de ello ahora después de que se encargara al fiscal Jeffrey Jensen que estudiase el caso. El pasado jueves Jensen aconsejó archivarlo.
Comparado con las causas judiciales en España, la resolución de este proceso ha sido relativamente rápida. Se me ocurren aquí casos de supuesta corrupción de personas que han tenido cargos políticos con el PP que siguen en fase de instrucción cinco años después de haber costado a esas personas su puesto. Y ahora sabemos que el Ministerio de Justicia quiere ampararse en la pandemia del coronavirus para ignorar los plazos de instrucción que fijó el Gobierno de Rajoy. Incluso para poner el cronómetro a cero. Esa justicia tan lenta sólo puede ser injusticia.
