Un escollo legal anula la primera deportación de solicitantes de asilo del Reino Unido a Ruanda
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A cambio de 120 millones de libras (unos 138 millones de euros), Ruanda aceptó recibir a algunos de los solicitantes de asilo que llegaron al Reino Unido a través del canal de la Mancha, personas de orígenes diversos -sirios, afganos, sudaneses- que hoy iban a empezar a ser deportadas por Londres. En un giro de última hora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una orden el martes por la noche para detener la salida de uno de los afectados, un ciudadano iraquí que llegó a suelo británico tras una larga travesía por Turquía y el canal de la Mancha. Según fuentes del Gobierno británico citadas por Reuters, el vuelo ha sido cancelado por completo.
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A pesar de la insistencia del primer ministro británico, Boris Johnson, por deportar inmigrantes a Ruanda, una medida que ha recibido duras críticas de organizaciones humanitarias, del arzobispo de Canterbury e incluso del Príncipe Carlos, un obstáculo legal ha terminado por interponerse en sus planes.
«Ha habido incidentes en que los solicitantes de asilo o los refugiados han sufrido violaciones por parte de las autoridades ruandesas, como el caso de Kiziba en febrero de 2018, cuando murieron once refugiados congoleños. No sabemos qué va a pasar con los solicitantes de asilo que el Reino Unido envía a Ruanda si esas personas se organizan para reclamar sus derechos. No sabemos qué trato que van a recibir de las autoridades ruandesas», denuncia Christian Rumu , activista de Amnistía Internacional. Según detalla a través del teléfono, su organización ha detectado numerosas violaciones de derechos humanos, sobre todo relacionadas con el derecho a la libertad de expresión, con detenciones de periodistas, ‘youtubers’ o blogueros, y con el derecho a la libertad política, tras la persecución y arresto de líderes opositores críticos con el presidente del país, Paul Kagame.
Desarrollo sin derechos
Más allá de las consideraciones humanitarias y las dudas sobre la legalidad de las deportaciones, lo cierto es que el plan de Johnson recibe críticas por la elección del país de destino. Situado en la región de los Grandes Lagos y de un tamaño que apenas supera a la Comunidad Valenciana, Ruanda, escenario de uno de los últimos genocidios del siglo XX, cuenta con unos 13 millones de habitantes (2020) y goza de una buena salud económica, aunque amenazada por el impacto de la pandemia. Así lo explica el Banco Mundial en un breve informe, en el que hace hincapié en su estabilidad política desde mediados de los 90 y cita los notables avances sociales conseguidos a partir de entonces, como la reducción de dos tercios de la mortalidad infantil, la matriculación casi universal en la escuela primaria, el aumento significativo de la esperanza de vida (de 29 a 69 años) y la sustancial reducción de la pobreza. Se trata de una lista de logros digna de tener en consideración, pues se llevó a cabo tras el asesinato de cerca de 800.000 personas, en su mayoría tutsis y hutus moderados, y bajo la tutela de Kagame, un personaje hábil con una biografía en la que se suceden las luces y las sombras.
«Al principio, Londres quería enviar a los solicitantes de asilo a Ghana, pero Ghana lo rechazó, porque consideraba que la oferta no era legal, ya que los inmigrantes habían solicitado el asilo para estar en el Reino Unido. Luego lo intentaron con Tanzania, que también dijo que no. Ruanda ha aceptado porque hay mucho dinero en juego y también porque su Gobierno se ha visto un poco debilitado a nivel internacional tras las críticas por las violaciones de derechos humanos», explica el historiador Dagauh Komenan. «Ruanda es un país muy complicado, porque, por una parte, es muy querido, y, por otra, a la gente no le gusta demasiado. Disfruta de un gran crecimiento económico, también es uno de los países que más mujeres tiene en su parlamento, pero se reprime a los opositores y a las minorías», añade. «El Gobierno ruandés sabe que tener a su lado al Reino Unido es muy importante».
De París a Londres
Como recuerda Komenan, la firma el pasado abril del Memorando de Entendimiento que posibilita las deportaciones de solicitantes de asilo se enmarca en un contexto más amplio, el de las nuevas relaciones que Ruanda entabló con el Reino Unido tras el genocidio. Según contó hace un año a ABC el periodista Jean Hatzfeld, uno de los temores del expresidente francés François Mitterrand en los años 90 era que la francofonía retrocediera de la región de los Grandes Lagos si los rebeldes tutsis capitaneados por Kagame lograban derrocar al régimen hutu. Cuando los machetes comenzaron a segar vidas en abril de 1994, el Frente Patriótico Ruandés penetró desde Uganda, empujando a los genocidas a la República Democrática del Congo (RDC) y poniendo fin a las matanzas de inocentes. Entrenado militarmente en Estados Unidos, con el inglés como lengua materna y resentido con Francia, Kagame ascendió al poder y enfrió sus tratos con París, convirtiendo en realidad los miedos de Mitterrand. Como suele suceder, se trató de una ruptura en varios actos. En octubre de 2008, Kagame anunció que el inglés se incorporaba a las lenguas oficiales de Ruanda y se convertía en una prioridad en las escuelas. Un año más tarde, en noviembre de 2009, Ruanda pasó a formar parte de la Commonwealth, pese a no haber sido colonia británica. Solo hay otro caso igual, Mozambique, donde precisamente los ruandeses han colaborado en la lucha antiterrorista.
«Ruanda sufre una amenaza de seguridad por las milicias hutus que están en el este de la RDC y que hacen incursiones -recuerda Komenan-. No es un país en guerra, pero tampoco con una paz positiva ». Lo que espera a los solicitantes de asilo es una incógnita.
