Erdogan ordena el cierre de más de 130 medios de comunicación

La purga generalizada puesta en práctica por el régimen de Recep Tayyip Erdogan tras el fallido golpe de Estado del pasado día 15 se ha extendido gremio por gremio: militares, policías, jueces, profesores, periodistas... y ahora llega también a las empresas, con especial atención a las del sector de la comunicación.

La oposició en Turquía ha pedido que esta purga no sea una «caza de brujas». No está nada claro que los miles de encarcelados o destituidos sean todos seguidores del clérigo Fetula Gülen, exiliado en Estados Unidos, al que Erdogan carga con la autoría intelectual del golpe de Estado.

En un paso más de incalculables consecuencias para la libertad de expresión, las autoridades anunciaron ayer el cierre de más de 130 medios de comunicación, según informó la cadena CNN Turk.

La medida afecta a todos los sectores: tres agencias de noticias, 16 cadenas de televisión, 23 emisoras de radio y 45 diarios, según el recuento hecho por la agencia de noticias oficial, Anatolia. Esta medida coercitiva viene a añadirse a las licencias de trabajo retiradas a centenares de periodistas por sus supuestos vínculos con la asonada militar y con Gülen.

La estrategia viene de lejos

Y todo viene de lejos, puesto que la prensa libre ya venía advirtiendo de que la ofensiva contra la libertad de expresión comenzó mucho antes del abortado golpe de Estado. De hecho, el año pasado las autoridades intervenieron el diario «Zaman», el de mayor tirada en Turquía y que ahora ha sido cerrado.

Al rebufo de la asonada del viernes 15 de julio, el presidente turco se ha preparado a conciencia el terreno, liberando sus manos de cualquier atadura: ha declarado el estado de emergencia y ha suspendido el Convenio Europeo de Derechos Humanos, todo ello esgrimiendo razones de seguridad ante la posibilidad de que se produzca un nuevo golpe de Estado.

La suspensión de derechos fundamentales y el recorte de libertades en Turquía ha llevado a Occidente a advertir de que cualquier medida adoptada por las autoridades, que incluso se han planteado la posibilidad de recuperar la pena de muerte, debe respetar el Estado de Derecho y el orden democrático en Turquía.

«Todos estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo», aseguró ayer en rueda de prensa el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en alusión a la ola de detenciones y el recorte de libertades. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Kirby, afirmó por su parte que la detención de periodistas es «una preocupante tendencia en la que los cuerpos oficiales, tanto los de seguridad como la judicatura, son utilizados por el régimen para desalentar discursos políticos legítimos entre quienes se oponen al Gobierno turco».

En cuanto a la presunta autoría intelectual de Fetula Gülen como promotor del pronunciamiento militar, las autoridades estadounidenses han insistido en que Ankara debe aportar pruebas fehacientes, sin las cuales no será atendida ninguna petición de extradición.

Al margen de los medios de comunicación, la purga ha continuado en las Fuerzas Armadas, donde 2.400 militares han sido destituidos como sospechosos «gulenistas». De entre ellos, según anunció ayer el Gobierno, 149 son generales o almirantes. Y la caza de brujas en la sociedad civil ha provocado el despido de más de 50.000 trabajadores del sector público, que han sido cesados o suspendidos.