«Los responsables políticos tienen un total desconocimiento de la problemática empresarial»
El presidente de la patronal madrileña es claro: «Estamos en el peor escenario en muchas décadas. Las consecuencias van a ser dramáticas. Es algo sin precedentes»
El líder de la patronal madrileña, Miguel Garrido, habla pausadamente pero su discurso es claro y contundente: estamos en el peor momento económico conocido y las empresas requieren más flexibilidad y ayudas. Echa de menos un diálogo más fluido con un gobierno al que, además, reconoce muy lejano de la realidad empresarial. La recuperación tardará aún muchos años en ser una realidad.
—¿Qué valoración hace de que nos quedemos en la fase 0, después de todas las expectativas puestas?
—Cada día que está la actividad parada supone una factura muy importante en pérdidas; pero, y esto es aún más grave, en desaparición definitiva y cese de actividad en autónomos y la consecuente destrucción de empleo. Ya vimos que en España habían desaparecido 130.000 empresas en abril, lo que quiere decir que cada día son más de 4.000. Quince días más con la actividad parada en Madrid va a suponer que muchas empresas que ya iban con la gasolina justa tras casi dos meses y medio paradas no pueden sobrevivir. El contador de los gastos sigue funcionando y, sin embargo, el de los ingresos está a cero. Y una empresa que desaparece supone un coste altísimo para el conjunto de la sociedad. Porque ya no es que se reduzcan los empleos o ingresos, sino una destrucción definitiva y que tarda mucho en recuperarse. Una empresa que toma medidas reduciendo la plantilla durante este tiempo puede luego reactivarse y volver a contratar a estas personas, y a corto plazo pierden empleos y a medio-largo se recuperan. Pero una empresa que desaparece es un coste definitivo. Y cuando se habla de que nadie se quede atrás en esta crisis. aparte de todos los fallecidos, también hay muchas empresas y autónomos que lo han perdido todo. Por ello, este retraso tiene unas consecuencias muy graves y, cuanto más tiempo estés parado, más cuesta volver a coger el ritmo. Las empresas madrileñas van a tener una dificultad añadida a las del resto de España porque van a estar más tiempo paradas.
—¿Cuántas empresas se han podido ver afectadas y también destruidas en Madrid?
—No tenemos el dato segregado por comunidades autónomas, pero el peso empresarial de Madrid en España está en el orden del 20%, por lo que serían 26.000 en solo un mes. Es que son 1.000 empresas diarias. Es una cifra terrible, con todos los puestos de trabajo que llevan aparejados. Porque las empresas también son de los trabajadores. Afecta a todos.
—¿Cree que el Gobierno se ha regido por criterios técnico-sanitarios o políticos?
—Al principio pensábamos que todas las decisiones obedecían a criterios técnico-sanitarios, pero el problema es que, según va pasando el tiempo, tenemos más dudas. El 28 de abril, el presidente del Gobierno afirmó muy solemnemente que los criterios para los cambios de fase y los protocolos iban a ser públicos, transparentes y objetivos. Y que toda la ciudadanía podría conocer en su momento si en su provincia se daban los requisitos para pasar de fase, previamente a decidirse. Ahora, nos encontramos con que, por más que queremos conocer los criterios cuantitativos y cualitativos, no los conocemos. Y el comodín permanente de los expertos nos ofrecen más dudas, porque vemos continuos cambios de criterio, bandazos, rectificaciones o contradicciones. Nos hacen desconfiar y es un momento en el que se debe tener una especial sensibilidad con la gente que lo está pasando tan mal, y no se merecen que no les den explicaciones. Esto es muy negativo.
—¿En qué situación queda Madrid a partir de mañana? ¿Cuál es el horizonte más próximo para la Comunidad de Madrid?
—Ese es uno de los enormes problemas en esta crisis: la falta absoluta de información. La economía no se hiberna, no se puede meter en el congelador y, pasados unos meses o semanas, sacarla y aplicarle unos minutos de microondas y volverla a poner en marcha como si nada hubiese pasado. Uno de los problemas es que las personas que están tomando las decisiones desconocen la realidad del mundo empresarial y los distintos sectores afectados. El viernes se nos dice que no vamos a pasar de fase pero que va a haber avances en determinadas actividades. Pero, como otras veces, hasta que no veamos publicado en el BOE cuáles son las condiciones, estaremos con incertidumbre, porque es constante el cambio de criterio. Este retraso va a tener un coste tremendo para la actividad empresarial, sobre todo por el retraso general en todo el proceso.
—Comenta que los responsables políticos que están al frente de la crisis desconocen la situación...
—Es evidente que tienen un absoluto desconocimiento de la gestión empresarial y de la problemática de los distintos sectores. Eso se ve permanentemente cuando toman decisiones que en muchos casos tienen que rectificar en poco tiempo y en otros se mantienen, en contra de toda lógica. Hay que compatibilizar las medidas eficaces sanitarias con las que tienen que ser viables. Muchas no obedecen a criterios sanitarios, como el ejemplo de las rebajas o la limitación de aforo en los establecimientos de más de 400 metros. Es evidente que, haya rebajas o no, es imposible que haya aglomeraciones más allá del aforo permitido, porque está prohibido. Cuando ves que eso se decide y justifica con cuestiones sanitarias parece que esconde razones de otro tipo, ideológicas o que se quieren regular las cuestiones empresariales. Cuando hay un derecho constitucional que es la libertad empresarial, que se está limitando. La cuarentena obligatoria a los visitantes se debe de basar en un absoluto desconocimiento del mundo de los viajes. Es verdad que los meses de mayo y junio no van a tener turismo, pero sí puede haber viajes de negocio o de trabajo, gente que tenga que venir a España por proyectos, y eso está permitido y es muy necesario. Con algo tan sencillo como es hacer un test a la persona que venga a España, y si da negativo se puede quedar y si no se queda en su país o en cuarentena… Demuestran una falta de conocimiento y de sensibilidad, por no contar con los sectores antes de tomar las medidas, porque eso es lo que nos preocupa. Lo que no puedo entender es que no cuenten con los sectores antes, y no después. Luego, se dan cuenta de que sus decisiones no tienen lógica.
—¿Hay por parte del Gobierno una actitud de diálogo, de contar con ustedes?
—Hay de todo, porque además es un gobierno tan numeroso, pero en general la comunicación ha sido escasa y tardía. La mayoría de las veces dictan las normas y después se las cuentan a los representantes empresariales. Generan confusión y desánimo en sectores que se sienten agredidos inútilmente. El comportamiento del tejido empresarial ha sido ejemplar. No podemos entender que no se tengan en cuenta las reivindicaciones sensatas que hagan posible la contención de la pandemia con la viabilidad del mayor número de empresas posibles.
—¿Qué medidas urgentes habría que implementar a corto plazo? ¿Les están ayudando las Administraciones?
—No, esa es otra idea que están vendiendo , que se está ayudando mucho a la actividad empresarial. Nosotros necesitamos tres tipos de medidas. La primera y más importante es la flexibilidad. Si los ingresos caen drásticamente, debe existir la posibilidad de poder reducir los gastos para cuando se pueda reiniciar la actividad. Y poca flexibilidad hay. No ha habido ayudas eficaces para reducir el coste de los alquileres. En materia laboral, se han facilitado los ERTE, pero son una situación transitoria que afecta al periodo de la actividad parada. Las consecuencias de esta crisis van a ir mucho más allá. La vuelta de la normalidad va a tardar años en llegar. De nada van a servir lo ERTE si no se permite después a las empresas adecuar las plantillas a la realidad. Se ha cercenado la libertad empresarial de reducir las plantillas. Hay cláusulas de obligatoriedad de mantenimiento de plantilla a lo largo de meses, de prorrogar los contratos temporales… Y eso es un error. Lo único que van a conseguir es que se destruyan los puestos de trabajo definitivamente porque las empresas van a dejar de existir. En materia normativa, sí ha habido, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, avances, como la normativa de terrazas, ampliando el espacio que pueden ocupar. En el ámbito fiscal no ha habido apenas incentivos fiscales desde el Estado, lo único que se ha hecho es una moratoria de impuestos. Y en materia financiera sí son una buena idea los créditos a través del ICO, pero al final los tenemos que devolver, tampoco nos han regalado nada. Por eso no entendemos que, con la excusa de que nos han dado unas ayudas, se nos restrinja la capacidad de gestión empresarial.
—¿Estamos en el peor escenario empresarial en muchas décadas?
—Con mucha diferencia. Nunca el tejido empresarial ha vivido una situación como esta, es algo que no tiene precedentes. Las consecuencias van a ser dramáticas. Vamos a tardar muchos años en recuperar el nivel de bienestar que teníamos. Ahora nos damos cuenta de que era una situación privilegiada, más allá de los problemas que existían para mucha gente. Pero vamos a una situación con un endeudamiento enorme y una capacidad de generar ingresos muy complicada. No se toman las medidas necesarias. La solución al problema pasa por mantener a las empresas, como ese escudo social que es el empleo que hay que proteger primero y luego relanzar.
—La presidenta de la Comunidad habla de que cada semana se pierde un 0,5% del PIB madrileño y a 18.000 autónomos. ¿Cuáles son los sectores más perjudicados?
—Todo lo relacionado con el turismo, con diferencia: hoteles, hostelería, ocio, cultura, transporte, agencias de viaje, guías turísticos, organización de eventos… Fueron los primeros en sufrir la crisis y serán los últimos en salir. Para ellos se necesita una regularización especial y estamos muy orgullosos de un sector que no merece ser abandonado.
—¿Es lógico dejar a un país en esta situación sin rebajas?
—Es un sinsentido. No encontramos ninguna justificación a esa medida, porque las restricciones de aforo ya garantizan que no haya aglomeraciones. Y es una nueva agresión a la libertad empresarial. Cuando los comercios tienen un stock de productos que no pueden vender, hay que ayudar a que le den salida y hacer atractivas las compras para unos clientes que, además, van a tener miedo.
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