El PSOE en la Asamblea de Madrid recurre el auto judicial que impide entregar los papeles del Canal

Denuncia la «incongruencia» en el fallo que señala que «no ha lugar» a entregar los documentos administrativos que pidió la comisión de la corrupción

La presidenta Cifuentes, compareciendo ante la comisión de investigación sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid DE SAN BERNARDO
Sara Medialdea

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El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid , Ángel Gabilondo, ha anunciado que su grupo ha presentado un recurso ante el juzgado de instrucción número 6 de Madrid contra el auto judicial que impide la entrega de la documentación del Canal de Isabel II que reclamó hace meses la comisión sobre la corrupción en la Asamblea de Madrid. En el texto del recurso, denuncian la «incongruencia» de la decisión judicial, que conocieron el pasado enero.

Gabilondo ha explicado que se plantean «dudas» sobre «si es el juez instructor quien debe determinar si se da o no la documentación que pide el Legislativo al Ejecutivo». Se va a plantear en la Mesa de la Comisión que investiga la corrupción en la Asamblea de Madrid cómo elevar al Consejo General del Poder Judicial la solicitud de que el Legislativo, «como poder autónomo, haga saber que no recibir documentos dificulta nuestra labor» de control del Ejecutivo.

Autonomía del legislativo

Añade además el portavoz socialista que lo que se solicitan no son documentos incluidos en un sumario sino papeles «de carácter administrativo», concretamente las actas de los consejos de Administración del Canal de Isabel II . Gabilondo ha señalado su preocupación por «la autonomía del poder legislativo, de esta Cámara, que representa a los ciudadanos, y su capacidad para tener acceso a documentos que necesitamos para nuestra labor, que nos corresponde obligatoriamente, de control».

En el escrito de recurso, se recuerda que una providencia del juez Andreu, dictada en agosto de 2017, no impedía la entrega de la documentación requerida porque esos documentos solicitados «no están incluidos en el sumario, y su entrega se rige por disposiciones administrativas, sin que el juez de instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación».

Pero a petición del Gobierno regional, hubo posteriormente un auto sobre el mismo asunto, conocido en enero y firmado por otro juez, en este caso Manuel García Castellón , que instruye la causa Lezo. Este auto indica que «no ha lugar la entrega de la documentación requerida». En su recurso, los socialistas entienden que «no procede un nuevo auto resolviendo sobre lo mismo».

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