Podemos pide sanciones para los coles concertados que cobren cuotas a los padres

Cobrar cantidades de forma obligatoria a los padres de alumnos de colegios concertados no es legal. Así lo recuerdan desde el grupo parlamentario de Podemos: su diputado Eduardo Rubiño ha registrado una proposición no de ley en el registro de la Asamblea madrileña para que la inspección controle eficazmente que estos pagos no se produzcan , y propone entre otras medidas que se abran canales para que los padres puedan denunciar cuando se les presente un caso así, y sancionar a los centros que cobren estas cuotas.

En su proposición, Rubiño recuerda que los colegios financiados con fondos públicos deben ser gratuitos, y la ley obliga a que la Comunidad lo garantice. Cita también el real decreto 2377/1985, de 8 de diciembre, que recoge que las «actividades escolares complementarias y de servicios de los centros concertados serán voluntarias , no tendrán carácter discriminatorio para los alumnos, no podrán formar parte del horario lectivo y carecerán de carácter lucrativo».

Pese a ello, se apoya en los datos de los informes sobre el Estudio de Precios de Colegios Concertados de la Comunidad de Madrid encargados por la FAPA Giner de los Ríos y CICAE, que el pasado año 2017 denunciaba el cobro masivo de cuotas obligatorias ilegales. La cuota media de estos cobros, según otro estudio de la FAPA de junio de 2018, se elevaba a 157 euros , añade en el texto de su PNL.

Rubiño señala que el pago de estas cuotas es obligatorio en la amplia mayoría de los centros. Por eso, reclama en su proposición que la Inspección Educativa establezca los mecanismos de control necesarios para impedir «cualquier tipo de cobro de cuotas relacionadas con el currículum durante la jornada escolar en los centros educativos concertados».

Otras medidas que plantean son requerir la autorización anual de cada actividad complementaria por la que se le cobra a las familias, informar a estas respecto a sus derechos y la voluntariedad de cualquier tipo de pago, y habilitar un canal de denuncias para proteger a las familias y facilitar el control de la Inspección Educativa sobre la información proporcionadas a las mismas por parte de los centros. Además, propone publicar periodicamente el número de inspecciones realizadas y los centros sancionados por esta causa.