La morosidad en alquileres de pisos sociales alcanza el 17% en la Comunidad de Madrid
La agencia de vivienda regional cuenta con 24.000 casas públicas
Un largo 17% de los inquilinos de viviendas sociales de la Comunidad de Madrid son morosos: no pagan en tiempo y forma a su «casero», la agencia de Vivienda Social de Madrid. Este porcentaje, no obstante, es ahora ligeramente más bajo de lo que era al inicio de la legislatura, en 2015: entonces, rondaba el 19%. Los responsables de la consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras atribuyen el descenso en el porcentaje de morosos a las medidas implantadas por el Gobierno regional para facilitar el pago del alquiler a los adjudicatarios de vivienda protegida.
En concreto, el índice de morosidad en estos arrendamientos sociales ha bajado del 18,85% a comienzos del mandato al actual 17,37%. Este porcentaje, recuerdan fuentes de la Consejería, es «muy similar» al que se registra en el mercado de alquiler de vivienda libre.
Esta cifra se refiere, en todo caso, a las 21.500 viviendas sociales que, procedentes del antiguo Ivima, se integraron al inicio de la legislatura en la nueva Agencia de Vivienda Social de Madrid (AVS). A éstas, se les añadieron después otras 2.500 viviendas sociales que llegaban del Instituto de Realojo e Integración Social (IRIS), que tienen características especiales por estar destinadas a personas con mayores dificultades económicas y en riesgo de exclusión social.
Reducción de rentas
Desde el Gobierno regional recuerdan que se han adoptado medidas para facilitar a los morosos el pago de los alquileres. Entre ellas, un programa de reducción de rentas que rebaja los pagos que deben afrontar los inquilinos en función de sus ingresos . Por esta vía, sólo en el año 2017, hubo 7.500 familias madrileñas que solicitaron y obtuvieron rebaja en la renta que debían pagar.
Para cubrir esta diferencia, la Comunidad de Madrid incluyó en su presupuesto una partida de 13 millones de euros , 500.000 euros más que en el anterior ejercicio, de 2016.
Otras de las iniciativas adoptada son las de permitir los pagos aplazados, así como el compromiso de abono, fórmula esta última por la cual el inquilino promete abonar en tiempo y forma sus cuotas mensuales y, además, ir pagando mes a mes una parte de su deuda, fraccionada de manera que le resulte asumible hacerse cargo de ella, y así hasta su eliminación completa.
El Gobierno regional se comprometió a no vender ni transmitir viviendas públicas a fondos de inversión –los conocidos como «fondos buitre»– para evitar la especulación y que los usuarios sufran dificultades económicas. También prometió no ejecutar ningún desahucio por impago de rentas. Es por eso que se buscan otras fórmulas para conseguir el abono de los alquileres cuando existen dificultades económicas de los inquilinos.
Servicios comunes
Recientemente, además, la Consejería de Vivienda informó de que en 15 promociones se hará cargo directamente de gestionar los servicios comunes de las viviendas sociales: tanto la limpieza de la escalera como el mantenimiento de ascensores o de calderas colectivas serán gestionadas mediante la Agencia de Vivienda Social. Contará con un presupuesto de 2,8 millones de euros para dos años y encargará el trabajo a empresas especializadas.
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