Cuatro nombramientos «a dedo» del exalcalde de Leganés, declarados nulos

La magistrada titular del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 17 de Madrid, Belén Maqueda Pérez, ha considerado como «no ajustados a derecho» los nombramientos de tres directores generales y una gerente del Ayuntamiento de Leganés –esta última a petición propia del entonces alcalde Jesús Gómez (PP)– aprobados en la Junta de Gobierno celebrada el 22 de abril de 2014. En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, la magistrada considera nula aquella junta y los citados nombramientos, tras una demanda interpuesta por el portavoz de Unión Por Leganés (ULEG), Carlos Delgado, en julio de 2014. Asimismo obliga al consistorio al pago de las costas. No obstante, contra la sentencia cabe recurso.

En concreto, los nombramientos «a dedo» –como los califica el partido independiente– de los directores generales fueron solicitados y propuestos a la Junta de Gobierno por el entonces concejal delegado de Comercio, Empleo y Mujer, Juan Manuel Álamo, y por la concejal delegada de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento, Beatriz Tejero.

Sendas peticiones derivaron en el nombramiento de María Verónica Moro y Desiderio Díaz como directores generales de Formación y Empleo, y de Obras y Mantenimiento, respectivamente. Por su parte, el exalcalde Jesús Gómez propuso también a María Paz Pérez-Carrillo, hasta entonces delegada de Recursos Humanos en el Ayuntamiento, como gerente para el Área de Personal. Asimismo se nombró a Gema González, como directora general del Área de Industria.

ULEG interpuso el 20 de mayo de 2014 un recurso de reposición para revocar esos cuatro nombramientos al considerar que no cumplían con los principios de mérito, capacidad ni pública concurrencia que exige la Ley para este tipo de cargos. Sin embargo, el gobierno local del Partido Popular rechazó el recurso y mantuvo los citados puestos hasta que perdió el poder en las pasadas elecciones. Todos ellos fueron cesados el 15 de junio de 2015. El Ayuntamiento pidió, sin éxito, al juzgado la inadmisibilidad del recurso interpuesto por ULEG al considerar que con el cese sobrevenido de los puestos por las elecciones no existía causa.

Gómez y su equipo justificaron los nombramientos amparándose en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el propio Reglamento Orgánico del Ayuntamiento. Asimismo alegaron que fueron propuestos para los citados cargos de acuerdo a «criterios profesionales» y que los tres cumplían la «titulación exigida para ello».

«Puertas giratorias y enchufismo»

La magistrada no discute que estuvieran cualificados para desempeñar el trabajo, sin embargo acusa al Ayuntamiento de Leganés de haberse saltado la Ley al nombrar como directores generales a estas cuatro personas sin que exista «justificación en los nombramientos, procedimiento público de selección» y sin que, además, fueran funcionarios de carrera.

Desde ULEG, consideran que la creación de estas direcciones generales en el consistorio pepinero vinieron propiciadas por la obligación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de reducir el máximo de cargos de confianza de 30 a 27. «Tres de las personas nombradas venían ocupando cargos de confianza, eventuales con labores de asesoramiento, y sin solución de continuidad pasaron a ocupar puestos de como directores generales», denunció el partido independiente en lo que consideran un ejercicio de «enchufismo y puertas giratorias». Según fuentes municipales consultadas, los citados cargos tenían una remuneración de más de 51.000 euros anuales.

Un docena de cargos del PSOE, cuestionados

La sentencia, según Carlos Delgado, pone también en entredicho el nombramiento de doce directores generales por parte del PSOE tras acceder Santiago Llorente a la alcaldía en junio de 2015. «Para el PSOE es una situación muy complicada, ya que la sentencia marca claramente que no se puede utilizar la figura de los directores generales como cargos de confianza», explica a ABC Delgado.

ULEG avanza que van a «exigir» al Gobierno municipal socialista el cese de dichos cargos. Aseguran que no los han recurrido aún porque estaban «esperando a conocer» cómo se resolvía la demanda interpuesta contra los nombramientos realizados por el PP. «El sistema empleado por el PSOE para el nombramiento de doce directores generales es el mismo y la base jurídica también, por lo que se verán obligados a tener que asumirla», asegura el portavoz.

Según las citadas fuentes, entre esos directores generales estaría la exconcejal socialista de Leganés y ex diputada con Tomás Gómez, Laura Oliva, excluida de las listas electorales al municipio de las pasadas elecciones. Desde julio de 2015 es directora general de Coordinación Jurídica del consistorio. Asimismo el partido independiente señala a la exedil socialista Ana Massó, como otro de los cargos nombradas por el PSOE de forma «irregular». Massó es directora General de Patrimonio y Contratación. Marta López,ex edil de IU y actual directora general del Área de Educación sería otra de las personas que no cumplen los requisitos que exige la Ley para este tipo de nombramientos, según ULEG. Todos ellos cobran 51.000 euros anuales, aproximadamente. «Una puerta giratoria a costa del erario público», critica Carlos Delgado.