Xunta y sindicatos acuerdan centrar su presión en pedirle un marco energético estable al Gobierno

Xunta y comité de empresa de Alcoa ya han trazado una hoja de ruta para dar una primera respuesta al anuncio de la multinacional aluminera de cerrar las factorías de La Coruña y Avilés. En el transcurso de un encuentro que mantuvieron este mediodía en el Parlamento el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, y los representantes de los trabajadores de la planta herculina, se acordó que el principal objetivo es que el Gobierno entienda la necesidad inexcusable de presentar un marco tarifario estable para 2019 con el que intentar convencer a Alcoa de que mantenga la actividad. Y una vez despejada la amenaza de ERE extintivo que se cierne sobre los 360 empleados, trabajar a medio plazo para que se modifique el sistema de interrumpibilidad , se simplifique el modelo energético español o, si esa fuera una necesidad de la empresa, explorar vías para facilitar inversiones que transformen y modernicen las tecnologías de la fábrica coruñesa.

Según le hizo ver Conde a la docena de representantes de la plantilla de la factoría de Alcoa Coruña, con la que se reunió durante una hora en las dependencias del gobierno dentro del Parlamento tras la celebración del pleno de la Cámara —en el que compareció para detallar su encuentro de este martes en Madrid con el Ministerio de Industria, la compañía, sindicatos y el gobierno asturiano—, la «prioridad» es trabajar para que la multinacional retire el ERE anunciado la semana pasada y que se empezará a negociar el próximo día 31. Pero para ello, «el Gobierno tiene que concretar el sistema de interrumpibilidad para 2019», ya que sin ese paso previo la aluminera «no se mueve».

Los trabajadores coinciden con la Xunta con que los costes energéticos son la clave del conflicto y lo que lleva a Alcoa a dar el portazo , por más que la compañía alegue —como hizo el martes en la cita ministerial— que no es el factor principal sino uno más, entre los que también se encuentran la obsolescencia tecnológica de las plantas, el encarecimiento de las materias primas o la caída de precios del aluminio en los mercados internacionales por la sobreproducción china.

El cálculo que hacen los trabajadores —y que comparte el gobierno autonómico— es que Alcoa no puede concurrir a una nueva subasta de interrumpibilidad con el ERE de La Coruña y Avilés sobre la mesa . Una puja que, por cierto, el Ministerio de Transición Ecológica no sabe ahora si retrasar o modificar, después del anuncio de la aluminera. De ahí que sea clave urgir al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que aclare el escenario tarifario más inminente. Una vez resuelta esa incógnita para 2019 y alejada la soga del ERE, tocará constituir una mesa de diálogo con la empresa para abordar soluciones a los problemas que este plantee.

El conselleiro informó a los trabajadores de que, en próximas fechas, volverá probablemente a producirse un encuentro entre las distintas partes del conflicto —sindicatos, administraciones y empresa—, y ha mostrado su confianza en que en ella se pueda avanzar en las vías que no se contemplaron en el encuentro del martes, donde Alcoa se limitó a exponer sus intenciones, Xunta y Principado a reclamar que levantara el ERE y que el Gobierno plantease medidas , y el Ministerio a asistir como mero notario de la cita. Esta falta de implicación estatal lleva a que «Alcoa no sienta la presión» , en palabras del propio conselleiro en la reunión con los trabajadores, quien también se ha mostrado confiado en que pueda mantener «en esta semana» alguna interlocución con la compañía.

El colectivo de trabajadores presentes en la reunión —que minutos antes había asistido a la comparecencia de Conde en el pleno desde la tribuna de invitados— demandó que, con independencia de lo que se plantee desde Madrid e incluso en previsión de una hipotética inacción del Gobierno, «desde Galicia se constituya una mesa de negociación al margen» , un escenario aceptado por el responsable de Economía de la Xunta.

Conde se reunió con esta delegación de trabajadores tras una comparecencia ante la Cámara autonómica donde, más allá de algún reproche sobre las responsabilidades del actual sistema eléctrico español, los cuatro partidos coincidieron en lo esencial : la defensa de la actividad y los empleos en Alcoa, la exigencia de que se retire el ERE y la demanda al Estado de que ponga encima de la mesa medidas para alcanzar estos objetivos. PP, En Marea, PSOE y BNG suscribieron además una declaración institucional en este sentido.