El PGOM de Lugo, bajo sospecha legal

Seis años de batalla judicial podrían terminar ahora con el Plan General de Ordenación Municipal de Lugo anulado. Es la valoración que hacen varios colectivos de la ciudad, los mismos que durante todo este tiempo han encabezado la oposición a un documento urbanístico que ha sido cuestionado por «poco transparente, falso e ilegal». Estos son algunos de los calificativos que le atribuyen fuentes consultadas por este periódico y que confirman que ya se está redactando una petición de nulidad en base a la sentencia que devuelve el urbanismo de Vigo a 1993. Tampoco en el caso de Lugo el PGOM se sometió a Evaluación Ambiental Estratégica, argumento que ha servido al Supremo para tumbar el planeamiento olívico y al que ahora se sujetan desde la ciudad amurallada para «ganar la última partida».

«Fue un petardazo con el que se quiso engañar a la ciudadanía y a la Xunta, todo para preservar los intereses de constructores y empresarios», aducen las mismas fuentes, que apuntan al exalcalde Xosé López Orozco y a los tres ediles que pasaron por la Concejalía de Urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro, Francisco Fernández Liñares y María Novo, como culpables. Tampoco se olvidan de que el PP votó a favor del documento.

Un largo proceso judicial que ahora queda en manos de la juez Pilar de Lara, quien tendrá que dirimir las consecuencias penales de las demandas que obran en su poder, y que ha sumado como aliado al grupo de Alternativa Cidadá de Esquerdas (ACE-EU). Precisamente su portavoz Carlos Portomeñe comparecía ante la instructora hace unos días en calidad de testigo. En una conversación con este diario indica que la declaración de inviabilidad emitida por la Xunta «es un calco, prácticamente un copia y pega» de la que el 28 de marzo de 2008 se le remite al Ayuntamiento de Vigo, con la salvedad de que en el caso de Lugo el bipartito gallego lo hace ya estando en funciones (16 de abril de 2009). No le cabe duda por tanto que el PGOM «bajo sospecha legal» gana así enteros de cara a que cualquiera pueda recurrir las licen cias que en adelante se otorguen y sea suficiente para que se aplique la jurisprudencia sentada por el TS.

«Es una auténtica hipocresía afirmar que los ciudadanos pudieron fiscalizar la planificación urbanística cuando los técnicos de la Xunta no lo pudieron hacer por las múltiples deficiencias en la documentación», señala Portomeñe.

Pese a que a su redacción se remonta al año 2000 no se remite a la Xunta el informe previo hasta el 2004. Un avance que de entrada era «ilegal», según Portomeñe, como así se lo hizo saber la Xunta con un informe negativo sobre un centenar de ámbitos. «Era una chapuza, el suelo estaba mal clasificado y calificado», denuncian fuentes consultadas. Pasan dos años hasta que el Gobierno local, entonces en manos de Orozco y con Gómez Besteiro al frente de Urbanismo, lo saca a exposición pública, pero el PGOM que se expone es idéntico al de 2004 que pidió modificar el Gobierno gallego. «Se expuso un plan falso que ni siquiera contemplaba los cauces fluviales, no cumplía la Ley de Suelo», recuerda Portomeñe. En 2009 la administración autonómica da su plácet al 95% del plan, pero exige modificaciones en el 5% restante.

No piensa igual el concejal de Urbanismo, Daniel Piñeiro, que insiste en que «todos los pasos dados demuestran que la tramitación fue totalmente transparente, rigurosa, legítima y legal». Niega que el documento expuesto en 2006 fuera el mismo de 2004 y recuerda que se contestó a las 6.700 alegaciones que se presentaron. En este sentido, asegura que «se fue más allá de lo que estrictamente exigía la legalidad para darle difusión».

Desde el PP, su portavoz Jaime Castiñeira prefiere ser «prudente» y aboga por esperar a que se pronuncie la justicia. Consciente de que la anulación sería «un grave problema», defiende que si votaron a favor es porque «Lugo necesitaba un plan y no era el del 91».