El escudo franquista del IES Ollos Grandes volverá a ver la luz por supuestas irregularidades en la obra

En diciembre de 2017, el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, y en línea con distintos acuerdos adoptados en el pleno municipal, el Gobierno gallego procedió a tapar los escudos franquistas que todavía exhibían dos centros de enseñanza secundaria en la ciudad de Lugo , cubriendo con sendos paneles los símbolos preconstitucionales contenidos en las fachadas del IES Nosa Señora dos Ollos Grandes y el colindante IES Lucus Augusti. Un año después, el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSdeG, dirigía a la Xunta un requerimiento de «reposición de la legalidad» que obligó al Ejecutivo autonómico a destapar el escudo del Lucus Augusti. Ahora, el mismo procedimiento se inicia respecto al centro educativo anexo.

Según informa la agencia Efe, el Ayuntamiento de Lugo ha comunicado a la Xunta de Galicia mediante una providencia la incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística que obligará al Gobierno gallego a destapar el escudo franquista que preside la fachada del Nosa Señora dos Ollos Grandes, en la avenida de Ramón Ferreiro.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Lugo argumenta que la Xunta de Galicia carecía de «título habilitante» para la realización de esas obras, que consistieron en la colocación de dos cajones sobre las puertas de entrada para ocultar el escudo franquista que preside la entrada al centro.

En la providencia enviada a la Xunta, el servicio de Disciplina Urbanística —que depende de la Concejalía de Urbanismo— aclara que esa actuación ha provocado una «modificación de dicha fachada» , dado que los cajones colocados para tapar el símbolo franquista sobresalen hacia fuera. Recuerda, además, que las obras en inmuebles catalogados por sus singularidades, como es el caso de este instituto, están sujetas a la obtención de licencia municipal, y afirma que sólo consta en el Ayuntamiento una comunicación de obras presentada por la empresa que realizó los trabajos, los cuales, por otra parte, «no coinciden» con los que «efectivamente fueron ejecutados» .

En el documento remitido a la administración autonómica, la entidad local advierte de que este expediente de reposición de la legalidad se pone en marcha porque las «obras son ilegalizables», además de aclarar que se hace «sin perjuicio del oportuno expediente sancionador».